Consecuente con su planteamiento de que ETA es más que un grupo de pistoleros, porque de la banda forma parte también un entramado de organizaciones y movimientos aparentemente autónomos, el juez Baltasar Garzón ha desmantelado la intentona de la izquierda aberzale de presentarse a las próximas elecciones bajo un nuevo paraguas legal. Siguiendo sus órdenes, la policía ha detenido al menos a ocho personas en el País Vasco y ha practicado numerosos registros en dicha comunidad y en Navarra. Les acusa de querer reconstruir la ilegalizada Batasuna.
En la práctica, Garzón ha vuelto a adelantarse a la aplicación de la ley de partidos, como ya hizo en el 2002 cuando declaró ilegal a Batasuna con el Código Penal en la mano. Fiscales y jueces se aprestaban ahora a prohibir, basados en la ley de partidos, que Askatasuna y Democracia 3 Millones (D3M) pudiesen presentarse a las elecciones vascas. Pero ya los agentes que han actuado a las órdenes de Garzón buscaron ayer pruebas de la relación de esas dos organizaciones con Batasuna, y una de las detenidas había actuado de portavoz de D3M.
Aunque Garzón actúe en aplicación de su teoría del entramado etarra, el problema es que no va a sacarse fácilmente de encima el sambenito de que lo que persigue son ideas e impide el ejercicio de derechos políticos.
