Como abogado en España que he sido de Adolfo Scilingo y Ricardo Cavallo (militares argentinos acusados de crímenes durante la dictadura), creo que tengo algo que decir --aun cuando fuere en nombre de mis defendidos-- en relación con el procedimiento que se sigue contra el juez Baltasar Garzón.
Me parece hipócrita, arbitraria y oportunista la posición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la de los magistrados del Tribunal Supremo por no defender el mismo criterio en la causa sobre la guerra civil española y el franquismo, constituyendo ese cambio de criterio, respecto de la tesis mantenida con los regímenes de Argentina y Chile, una decisión que se toma desde el complejo a los propios fantasmas; los que no se desentierran por miedo y defensa sumisa de las directrices políticas del Ejecutivo en el caso de la fiscalía, y por inmensos egos enfrentados en el caso de los magistrados del Supremo.
Constituye un sinsentido que jueces y fiscales únicamente se erigieran en quijotes cuando se trataba de husmear en el exterior de nuestras miserias patrias, en lugares en los que nadie nos llamaba a impartir justicia, como era el caso de Argentina y Chile, que habrían, según la tesis que ahora mantienen, igualmente resuelto por medio de sus consolidadas instituciones su pasado más reciente. Las leyes de punto final no son diferentes a nuestra ley de amnistía. Es desolador que gastemos ingentes cantidades de dinero en desenterrar muertos en otros continentes solo para demostrar lo progresistas que somos, mientras se ponen trabas --llegando a utilizar instrumentos procesales extremos, como la querella que nos ocupa-- para evitar esa misma acción con los muertos de aquí.
Fernando Pamos de la Hoz **
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