Los enemigos del juez Garzón se relamen. Acarician la posibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial le suspenda temporalmente en sus funciones por supuesto delito de prevaricación, como consecuencia de sus actuaciones para depurar responsabilidades penales por los crímenes franquistas. No es fácil que eso ocurra. Porque estamos ante una querella presentada por particulares. Y, lo más importante, porque el fiscal no ha formulado acusación ni parece predispuesto a formularla.
En cualquier caso lo normal es que el alto tribunal rechace el recurso que Garzón piensa interponer contra el reciente auto de la sala de lo penal en el que, en contra del parecer de la Fiscalía, se admitió a trámite la querella presentada contra el magistrado por el sindicato llamado "Manos Limpias", liderado por el ex dirigente ultraderechista, Miguel Bernard, un profesional de la querella.
Otra cosa es que el Supremo dicte auto de procesamiento contra Garzón. Entonces el CGPJ tendría que suspenderlo. Suponer que las cosas van a ocurrir así es muy aventurado. Significaría que el alto tribunal habría pasado de sostener como no "absurdo" ni "irracional" atribuir al juez una conducta prevaricadora.
De momento, habría que extender la acusación a los 5 magistrados de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional que en su día discreparon de la mayoría cuando la sala decretó la falta de competencia de Garzón para investigar penalmente los crímenes del franquismo y, en consecuencia, le ordenó el cese inmediato de todas las actuaciones en la causa, cosa que Garzón acató. Los cinco magistrados discrepantes se alinearon con las tesis de Garzón favorables a la competencia de éste para investigar los crímenes del franquismo. Unas tesis por las que, según el Supremo, no es "absurdo" ni "irracional" apreciar una conducta prevaricadora en Baltasar Garzón. ¿Y por qué no en los magistrados de la sala que compartieron las tesis de Garzón?
