Existe un consenso en el círculo de todos los que se denominan actualmente en la jerga de los académicos "migrantólogos", de que la inmigración en nuestro país vive tiempos difíciles. Se puede decir que vive una crisis dentro de la crisis.
Cualquier observador atento a la evolución del proceso inmigratorio en este país puede detectar sin mayor esfuerzo, que existe un sentimiento profundo no sólo de amargura, de abandono institucional y de impotencia, que conllevaría indicios patológicos de depresión colectiva, sino un sentimiento legítimo de victimismo consistente en una violencia moral flagrante y una lógica utilitarista consciente de su maniobra de tinte populista y de su estrategia basada en un pragmatismo socavado, per se, víctima de la inmediatez, la corta visión y la miopía política de sus promotores.
Creo, que a nadie le pasa desapercibido no solo el silencio y el arrinconamiento intencionado tanto de las élites políticas y los medios de comunicación, los verdaderos gestores de la opinión pública, respecto a la inmigración, sino la agresiva ofensiva jurídica y mediática oportunista que aprovecha de la incultura y el analfabetismo, añadido a la ausencia de la conciencia política y el miedo bien arraigado en el subconsciente de los inmigrantes cuya mayoría es procedente de países gobernados por déspotas, sean monarquías, juntas militares, o presidentes obsesionados por el gula del poder.
XBAJO EL LEMAx con la crisis todo vale el Gobierno viene tomando, en los dos últimos años, decisiones utilizando la actual coyuntura económica como coartada para endurecer las condiciones de vida de los inmigrantes consistentes en el control (intensificar las redadas policiales en las calles o ante los comedores sociales de la caridad sin justificación) o jurídicas (la última Reforma de la Ley de Extranjería) o emprender iniciativas como la directiva del retorno que es un golpe letal al Estado de Derecho. Todo ello, está pasando bajo la tutela, ironías de la historia, de un ministro quien es al fin y al cabo un charnego más de Cataluña y ante la mirada de una sociedad civil en un estado de anestesia profunda y unos sindicatos que se han entregado totalmente al amarillismo, prueba del algodón del agotamiento de un discurso militante paternalista, cínico y estéril que está apelado, desde hace mucho tiempo, a renovar su pensamiento y la visión de su élite para adaptarse a los nuevos tiempos.
Javier Lucas Martín , uno de los juristas brillantes quienes más defienden al inmigrante en este país, argumentaba, con razón, que España no debería entender y tratar a la inmigración desde la lógica del mercado, como si fueron una mercancía que depende de la oferta y la demanda, sino desde el Estado de Derecho. El derecho en inmigrar, en quedarse, en votar, en cobrar sus prestaciones como un derecho y evitar la caída en los discursos y los mensajes del miedo, aquellos que consideran al inmigrante como competencia desleal en el mercado laboral, una carga a nuestras arcas y una amenaza a nuestra cultura, etcétera.
Despojar al inmigrante de sus derechos como ciudadano es una prueba más del quebramiento del Estado de Derecho de nuestro país parangonable a lo que sería obligar a la mujer, en una empresa macabra, quitándola sus derechos básicos de igualdad, a volver a desempeñar su tradicional papel como ama de casa bajo la excusa de que en el mercado laboral, debido a la crisis, no cabemos todos, solo el varón.
Hemos de recordar a los gobernantes actuales de este país que el progreso y el crecimiento económico y demográfico se alcanzaron con los inmigrantes, que se han convertido en nuevos españoles. Estos que más sufren, ahora y aquí la crisis (36% de parados) y la respuesta gubernamental del 67% menos del presupuesto estatal consagrado a la política social inmigratoria en comparación con el año anterior. Ello no va de ninguna manera a obligar a los inmigrantes a marcharse, porque la situación en los países de procedencia está peor, sino a quedarse aunque en condiciones de marginación extrema y de indigencia.
En fin, que sepa la izquierda de estos tiempos de cólera que la inmigración no va a desaparecer porque es ya un fenómeno estructural y global, que la lección de Le Pen desde 2002 de que el discurso antiinmigrante es una alternativa real de poder, que genera votos, es ya una lección tradicional y superada que no ha resuelto la eterna ecuación entre la ética y la política, que a pesar de las medidas y políticas draconianas ajustadas al interés excesivamente egoísta de un sector de los autóctonos, de ellos la inmigración seguirá en esta tierra, por la misma lógica dialéctica de supervivencia, y por la dinámica del equilibrio del mercado de trabajo. Así que el giro radical del Gobierno respecto a la política inmigratoria consistente en de "papeles para todos a maletas para todos" es un eslogan estéril, condenado al fracaso.
