WPw or más que se intente interpretar una sentencia judicial desde la perspectiva del enconamiento político de los dos grandes partidos de hace siete años, la decisión de los jueces de la Audiencia Nacional sobre el caso Gescartera, que fue hecha pública ayer, tiene un único hilo conductor que la sustenta: se produjo estafa y los principales actores han sido condenados a penas de entre 3 y 11 años de cárcel. Otros personajes secundarios de la trama han salido absueltos, lo que en todo caso indica que ha habido comprensión por parte de los jueces hacia quienes tuvieron que cooperar porque no les quedaba más remedio.

Hay que remontarse al año 2001 para entender que una especie de vivales sin escrúpulos, (por otro lado, un perfil bastante frecuente en el mundo de las finanzas en periodos alcistas) llamado Antonio Camacho --condenado a 11 años de cárcel--, montara un chiringuito de captación de ahorros de gente ilusa con promesas de alta rentabilidad. Si su aventura llegó más lejos de lo que en principio hubiera resultado previsible fue porque se cruzaron por medio otras dos maniobras. Puso como presidenta de Gescartera a Pilar Giménez-Reyna, hermana del entonces secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna --tutor del expresidente Aznar cuando preparaba las oposiciones a inspector de Hacienda--, que se encargaba de calmar a los inspectores de la Comisión Nacional de Valores, que presidía Pilar Valiente. Y, además, buscó la protección de otros poderes fácticos como obispos y militares. La buena instrucción del caso, --debe ser considerada así puesto que ha sido resuelta con una celeridad (siete años) admisible por su complejidad--, ha confirmado que hubo delito y que para cometerlo fue determinante que las autoridades que debían impedirlo no actuaron, presuntamente por presiones políticas, como les correspondía hacerlo si cumplían con su obligación. Hubo investigación parlamentaria, a la que el PP puso todas las trabas posibles hasta conseguir dar carpetazo al caso sin responsabilidad política.

A los perjudicados por aquel timo, cuyo montante se calcula en 100 millones de euros en parte ya recuperados, la sentencia de la Audiencia abre la posibilidad de rescatar del todo su inversión al considerar que las entidades de ahorro La Caixa y a Cajamadrid son responsable subsidiarias y deben responder con sus fondos. La responsabilidad de ambas se reduce a que empleados de dos de sus oficinas colaboraron activamente en la fabricación de documentos falsos para hacer creíble la trama. Esto constituye una novedad, que celebran algunas asociaciones de consumidores, porque sienta un precedente para reclamar indemnizaciones a los bancos en casos de fraude financiero cometido por un empleado.

La sentencia de Gescartera no contenta a nadie, pero tiene más virtud que defecto, porque castiga al culpable y pone en evidencia a los altos cargos que cooperaron.