No le va a ser fácil al Gobierno la reforma lingüística de la Constitución (de momento, solo lingüística: otras reformas pueden esperar), ya que la RAE es mayormente cosa de hombres (¡coño, como el coñac!) y, en su conservadurismo macho, no está por el llamado «lenguaje inclusivo», como pretende el Gobierno. Pero Carmen Calvo, que además de vicepresidenta es ministra de Igualdad, quiere que la Constitución se adapte a un lenguaje que «incluya a las mujeres», ya que es una Constitución «escrita en masculino», ha dicho, en la que no aparecen ni una sola vez las palabras «españolas», «diputadas», «ministras» o «trabajadoras», sino solo --y siempre-- «españoles», «diputados», «ministros» y «trabajadores». Y es verdad. Solo que la RAE, que es institución independiente del Gobierno, ya ha anunciado que no aceptará ninguna imposición al respecto, por más que la vicepresidenta Calvo le recuerde que «el Congreso es soberano» (he aquí el coñac) para tomar decisiones.

Se comprende que el Gobierno, siendo además un Gobierno mayormente de mujeres, quiera que la mujer se visibilice (este verbo, «visibilizar», es desconcertante, aunque lo dé por bueno incluso el académico Ignacio Bosque, que escribió Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer) y se comprende, por tanto, que el Gobierno opte por el desdoblamiento del lenguaje, es decir, «por todos y todas», por «españoles y españolas», por «ministros y ministras», e incluso por «portavoces y portavozas», según la acuñación de Irene Montero --de Podemos--, acuñación que defiende incluso la propia vicepresidenta Calvo, ella que fue, recuérdese, «cocinera antes que fraila», allá por la época en que fue ministra de Cultura con José Luis Rodríguez Zapatero, lo que explica el que ahora diga haberse sentido incómoda al prometer su cargo como ministro, siendo ministra.

¿Y la RAE? ¿Por qué es renuente al lenguaje inclusivo? Sin duda, porque la lengua se rige por un principio de economía y el desdoblamiento es contrario a ese principio. Pero, más importante, porque su función no es atender decisiones políticas, sino recoger las palabras que la sociedad genera.