El Gobierno ha dictado algunas reformas económicas que pretenden ayudar a que una parte importante de las familias españolas vean aliviados sus gastos mensuales. No suponen un aumento del gasto público, porque se mantiene la doctrina del déficit cero --que ya no aplican ni Alemania, ni Francia, ni EEUU--, sino que son algunos apaños en las cotizaciones de la Seguridad Social para permitir que las mujeres con hijos puedan volver a trabajar o que los autónomos cobren antes la baja. La otra gran decisión, intervenir en el mercado hipotecario y el de los alquileres, ha suscitado más interés. Desde que el Partido Popular está en el Gobierno, se impone la lógica de compra del piso a la vista de la bajada de tipos de interés y, sobre todo, de la ausencia de políticas de promoción de vivienda pública, de compra o de alquiler. El alarmante endeudamiento de las familias que ha creado el modelo ultraliberal, se quiere compensar con otro de tipo intervencionista que fije de qué manera se deben revisar las hipotecas. Resulta atractivo, sobre todo en periodo electoral. Pero en el fondo es irrelevante, porque añade poco a las fórmulas que ya vienen ofreciendo bancos y cajas para proteger a sus clientes de los vaivenes de los tipos de interés.
