Escritor ydiputado del PSOE

El acuerdo sobre el subsidio agrario y, en consecuencia, sobre el plan de empleo rural (PER) que ahora se anuncia, constituye la expresión más acabada de un "viaje a ninguna parte". El realizado por el Gobierno en torno al decretazo y a la huelga general que, según la versión gubernamental, nunca existió.

En efecto, la marcha atrás dada por el Gobierno hace ya meses había dejado las cosas exactamente igual que estaban antes del decretazo , excepto en Extremadura y Andalucía. El subsidio agrario y el PER habían sido, desde larga data, el caballo de batalla electoral del PP en esas dos comunidades autónomas.

Empecinado en calificar el sistema agrario como "clientelismo socialista" y otras lindezas, el PP nunca pareció entender que el PER y el subsidio no sólo han servido como colchón contra la marginalidad y la pobreza en el sur de España, también han resultado ser un factor eficaz contra la emigración, fijando la población en las zonas rurales extremeñas y andaluzas. Y que ambos efectos superan ampliamente el coste económico, puesto que la supresión implicaría un alto precio que habría de pagarse en forma de marginación urbana de tantos potenciales emigrantes, ya que la eliminación del PER no produciría otra cosa.

Nada más llegar al Gobierno, Javier Arenas, entonces ministro de Trabajo, sin cambiar nada, sí cambió el nombre del PER, que, aunque nadie lo use, ahora se denomina AEPSA (y no es precisamente una sociedad anónima). Luego, Eduardo Zaplana, en su aproximación a los sindicatos después de la primera marcha atrás después del decretazo , también quería (y quiere) cambiar el nombre del subsidio, que pasaría a llamarse "renta de inserción".

Pero, además, quería otros cambios. Concretamente, transformar el derecho al subsidio en un acto discrecional, pasando a depender de la voluntad y del dinero que en cada momento tuviera la administración. Por otro lado, la duración del subsidio pasaría de ser indefinida a tener como límite 12 meses, lo cual comportaba un cambio económicamente sustancial. De ahí la dificultad inicial de un acuerdo en los términos que planteaba la oferta verbal del ministro Zaplana.

Detengámonos un momento en los derechos universales y, por lo tanto subjetivos, es decir, de cada ciudadano. El debate ha sido ése y no otro. En el fondo de la cuestión nos encontramos con el concepto de derecho universal en cuestiones que implican dedicar dinero público al ejercicio de esos derechos, independientemente de la coyuntura económica y de las políticas presupuestarias de cada momento. Es aquella filosofía europea de los años 50, la del Estado del bienestar, lo que ahora está en cuestión, y no otra cosa. Si al final se produce un acuerdo, será un éxito de ese pensamiento, el de los derechos universales, frente al impulso (ya se ve, "parable") de eso que, con abuso del idioma, se denomina neoliberalismo.

Ahora, sin que Zaplana haya soltado todavía un solo papel (lo ha prometido para el próximo sábado), parece que el acuerdo es factible, más que probable diría yo, a no ser que el Ministerio de Economía, en un gesto de última hora, ponga arena en los cojinetes.

El acuerdo, de producirse, volvería las cosas exactamente a donde estaban: las nuevas incorporaciones (nuevas cartillas agrarias), a las cuales se les había suprimido el derecho al subsidio y, por lo tanto, la posibilidad de acceder a los empleos del PER, volverían a tener esos derechos. Vale decir: 35 jornadas de trabajo dan derecho al subsidio y, con él, al PER y al acceso a la Seguridad Social y a las pensiones.

Esta vuelta a las posiciones anteriores al decretazo no ha dejado de producir desgarros. En el seno del Gobierno, por supuesto, pero también en el Partido Popular. Los afiliados y los dirigentes andaluces y extremeños del partido que sostiene (¿o he de decir soporta?) al Gobierno, oída la respuesta social, pensaron que mantener el decretazo , aunque sólo fuera en sus flecos del PER, era suicida. Los condenaba a perder allí, inexorablemente, las próximas elecciones, tal y como anunciaban todas las encuestas. El Gobierno, nadando en el fuel, agarrado a la cuerda de la ley y del orden, necesitaba este respiro y se lo ha dado a sí mismo y, de paso, a los extremeños y andaluces.