Responsable de la Sección Mujer de UGT
La Unión General de Trabajadores de Extremadura es consciente no sólo de la gravedad de la violencia contra la mujer, sino también de la verdadera dimensión que este problema comporta. Hoy la violencia contra la mujer ha superado la dimensión privada y ha pasado a ser considerada como un atentado hacia la propia sociedad, como un ataque a la esencia de la democracia.
Por eso, se hace necesario insistir en la sensibilización de la sociedad frente a este fenómeno, que empieza a conocerse mejor a través de los mecanismos de denuncia que alejan a las mujeres maltratadas de la actitud resignada del silencio.
Es imprescindible que la sociedad en general y las instituciones públicas, en particular, se planteen la búsqueda de soluciones al problema y empiecen a dar respuestas concretas.
Como hemos podido comprobar, últimamente, estamos conociendo una batería de propuestas para ayudas a las mujeres víctimas de la violencia doméstica, por parte del Gobierno, a través de su ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, entre ellas el derecho de estas mujeres a recibir un subsidio de desempleo.
La UGT ha solicitado información en el Consejo General del Inem sobre el alcance de esta medida, así como la dotación presupuestaria que el Gobierno prevé para ella. La contestación deja mucho que desear, pues el supuesto cobro de un subsidio de desempleo, consiste en aumentar en tres meses (de 10 a 13) el pago de la Renta Activa de Inserción (RAI) a aquellas mujeres que cobrando ya la RAI, sufran malos tratos.
Los requisitos que deben cumplir para tener derecho a la Renta Activa de Inserción son: tener cumplida la edad de 45 años y estar inscrita como demandante de empleo durante un mínimo de un año. Como ya hemos dicho, para que las mujeres maltratadas puedan acceder a cobrar estos tres meses de más, deben de estar cobrando ya esta renta. En consecuencia el Gobierno no realiza ningún esfuerzo presupuestario ya que la cuantía económica de la RAI, el 75% del salario mínimo interprofesional, es de 331,60 euros, con lo cual tres meses más de cobro supondrían 994,8 euros, cantidad que consideramos ridícula para la situación económica que han de afrontar estas mujeres. Por lo general serán pocas las beneficiarias de esta propuesta.
La última medida anunciada por el Gobierno es la creación de un Observatorio contra la violencia doméstica , fruto de un convenio con el Consejo General del Poder Judicial, para el seguimiento exhaustivo de las sentencias sobre malos tratos. Una vez más, otra medida insuficiente y de parcheo que no podemos considerar ajustada a la realidad del problema. Lo que el Gobierno debiera procurar es que el número de mujeres víctimas de violencia doméstica que denunciaran fuera inexistente. El Gobierno sigue jugando con la esperanza de las mujeres maltratadas. En consecuencia UGT exige al Gobierno, una ley integral contra la violencia de género.
