El derecho de las familias a recuperar los restos de sus familiares víctimas de la represión franquista debe estar por encima del conflicto del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, con el juez Baltasar Garzón. Estos, antaño amigos, se enfrentan ahora porque el fiscal quiere impedir al magistrado la investigación del asesinato y desaparición de miles de republicanos. Aún siendo verdad que no se ha resuelto la cuestión de incompetencia planteada por el fiscal al objeto de apartar al magistrado de esa investigación, la apertura de fosas es una cuestión que estaba, o eso creíamos, al margen de esa discusión competencial. Resulta ridículo que la Sala Penal de la Audiencia Nacional se reuniera ayer con carácter extraordinario y urgente, a las pocas horas de haber recibido otro recurso del fiscal, para paralizar la apertura de una veintena de nichos.
La decisión de Garzón ha sido muy discutida, incluso desde posiciones progresistas que creen que ni se puede, por ley, ni se debe, por cuestiones políticas, perseguir a los responsables que aún vivan de los asesinatos del franquismo. El debate es legítimo, y los tribunales dirán si Garzón tiene o no la competencia que reclama. Ahora bien, la medida de "carácter cautelarísimo" adoptada ayer resulta desafortunada y absurda.
