La Audiencia Nacional dictó ayer una sentencia que puede considerarse histórica y que viene a consolidar la línea abierta por el juez Baltasar Garzón en 1998, según la cual hay una serie de organizaciones que, bajo el manto de la actuación política, forman parte en realidad del entramado de la banda terrorista ETA.

KAS, Ekin o Xaki, algunos de cuyos dirigentes fueron condenados ayer, integran "las entrañas y el corazón de ETA", según la sentencia del tribunal, presidido por la extremeña Angela Murillo. Fruto de ese razonamiento, 47 personas fueron condenadas a penas que van de los dos a los 24 años de prisión. En este sentido, es importante subrayar que las condenas son a personas concretas y no a colectivos, puesto que las defensas han tratado de presentar el macrojuicio, iniciado hace 15 meses, como un ataque a los representantes de la izquierda aberzale. A la vista está de que no han logrado sus propósitos.

Un proceso de las características que planteaban los defensores de los que han sido condenados, y que hubiera supuesto la persecución a las personas por sus ideas, hubiera sido intolerable en un Estado democrático. Pero aquí estamos ante otra realidad probada: que los comandos de la banda terrorista ETA necesitan de un entorno de apoyo y sostén para desarrollar su siniestra labor. Y esa cobertura la dan personas que se agrupan en colectivos que se ocupan de aspectos fundamentales para mantener la abominable actividad armada. Los 1.185 folios de la sentencia fundamentan que KAS dirigía la "lucha de clases complementaria a la lucha armada", que Xaki es "el aparato de relaciones internacionales" de la organización terrorista y que el diario Egin era, antes que un medio de comunicación de línea editorial independentista, un "instrumento de coacción" al servicio de los asesinos.

Es muy posible que la sentencia dictada ayer tenga como respuesta episodios de lucha callejera en el País Vasco. Ayer ya hubo incidentes en la Audiencia Nacional durante la lectura del fallo que fueron cortados de raíz por la presidenta de la Sala, mandando sin contemplaciones que la desalojaran los condenados alborotadores.

Y también será inevitable que haya lecturas políticas interesadas. Pero lo importante es que desde ayer está sentenciada una realidad a la que muchos quisieron dar la espalda durante años: y esa realidad es que para que unos maten y puedan justificar sus crímenes, otros tienen que hacer trabajos de cobertura propagandística y de agitación. Y todos forman un mismo magma violento al que hay que combatir.

La decisión de la Audiencia Nacional reafirma la línea enérgica del Estado frente a los terroristas, que tan buenos resultados dio, en el plano político, a los últimos gobiernos de Aznar. Demuestra también que, pese al fallido intento del presidente Rodríguez Zapatero de buscar un final dialogado del terrorismo, el Estado de derecho no ha dejado de funcionar.