La operación Java, el golpe policial que ha permitido la detención de 69 presuntos mafiosos del este en al menos seis países, es una actuación de envergadura de la que cabe estar especialmente satisfechos: es una buena muestra de la eficaz coordinación de los estados en la lucha contra el crimen organizado, uno de los mayores riesgos para las sociedades democráticas. No han sido frecuentes este tipo de operaciones transnacionales a gran escala pero, en este mundo global, son cada vez más necesarias.
El hecho de que haya sido la Fiscalía Anticorrupción la que ha coordinado las investigaciones es un dato que revela confianza de las autoridades de otros países en las españolas en cuanto a la voluntad de perseguir este tipo de organizaciones mafiosas. Tan importante es este hecho como inquietante el de que nuestro país es el lugar desde el que los mafiosos dirigían sus actividades.
La operación Java es la tercera de gran envergadura contra las mafias del este en España tras la Avispa (en el 2005) y la Troika (en el 2008). Ahora toca actuar a la justicia. Y es de esperar que esté a la altura del desafío y no incurra en incongruencias como la de dejar en libertad bajo fianza al jefe mafioso del golpe del 2005 porque se demora la sentencia del juicio, celebrado en noviembre. El reto es demasiado importante como para actuar con frivolidad.
