WLw a decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de archivar la querella que había presentado el grupo ultraderechista Manos Limpias contra el Gobierno y la dirección del PSOE y del PSE por haber entablado conversaciones con Arnaldo Otegi, dirigente de la ilegalizada Batasuna, viene a zanjar lo que ya sin ninguna duda puede ser considerado un absurdo y demasiado dilatado debate y a poner el necesario punto de sensatez en uno de los aspectos más controvertidos del proceso en marcha para acelerar el final del terrorismo de ETA.

Lo que básicamente ha venido a señalar el Tribunal Supremo en la resolución que dio a conocer el pasado jueves es que los jueces no tienen nada que decir ante una determinada acción política del Poder Ejecutivo. Es decir, que si el Gobierno impulsa un diálogo con los representantes de la izquierda aberzale, los tribunales de justicia deben mantenerse al margen porque no existe una orden expresa que impida encuentros con miembros de Batasuna, por más que esta sea una organización declarada ilegal en el año 2003.

Al poner por encima de otras consideraciones el principio de la división de poderes, el alto tribunal aplica de forma impecable un principio que está en la Constitución y que pretenden saltarse los partidarios de judicializar la política, entre ellos el grupo Manos Limpias y, lo que es peor, el PP, pues también este partido presentó en su día una querella por este asunto. Y ahí reside lo más importante de la decisión de la sala, pues desmonta punto por punto los argumentos que los dirigentes populares han venido esgrimiendo desde que se produjo la reunión entre Patxi López, secretario general de los socialistas vascos, y Otegi, el pasado 6 del julio.

Cabe recordar ahora que para el PP, esa reunión supuso ya una concesión a la banda terrorista ETA. Se trata, obviamente, de una falsedad, porque Batasuna sigue sin estar legalizada y ese diálogo tenía justamente por objetivo acercar a la izquierda aberzale hacia el territorio democrático, que pasa por la condena de la violencia.

El PP es muy libre, no obstante, de utilizar un argumento político como ese, aunque los tribunales hayan dictaminado que es falaz. Pero lo que perturba la normalidad democrática es el intento de pasar la pelota a los jueces para que sean estos los que controlen la acción del Gobierno en un asunto tan delicado y tan importante para el Estado como es el del diálogo con ETA. Es en el Parlamento donde se ejerce ese control, y con toda claridad lo señala la resolución del alto tribunal. Obviamente, los dirigentes del PP lo saben, pero han tratado de obstaculizar por todas las vías el proceso impulsado por el presidente Rodríguez Zapatero. Sería un ejercicio de excesivo optimismo pensar que, a partir de ahora y con el varapalo que les ha infligido el Supremo, el PP va a tomar nota y va a devolver la pelota al terreno de donde nunca debió salir: que es el de la política.