Pocas veces, desde la instalación en España de la normalidad democrática, ha tenido uno la sensación de estar presenciando momentos tan cruciales para el futuro del país. Y ello por la tenaz deslealtad del liderazgo del principal partido de la oposición.
¿Se enmendarán? Sería de sabios. La renuncia de Josep Piqué ha sido todo un síntoma de la insatisfacción con la cúpula que están experimentando los moderados dentro del partido, si bien no lo dicen abiertamente. Muchas veces me había preguntado cómo un político de su talante podía seguir en la brecha, entre tanto gesto chulesco y tanto engaño. Su carta dimisionaria, dirigida al amigo Mariano Rajoy , no tiene desperdicio, sobre todo cuando afirma que el PP es un partido "en el que no faltan mezquindades y miserias". De tales mezquindades y miserias todos los españoles han sido víctimas durante esta legislatura, incluidos los votantes populares (aunque no se quiera reconocer). Intentar crispar a los ciudadanos con fines descaradamente electorales cuando no hay razones para tal desasosiego es una ruindad. Insultar una y otra vez, también. Josep Ramoneda lo ha denunciado aún con más contundencia: Rajoy, al pedir que Zapatero demuestre su inocencia en relación con ETA, ha utilizado una frase que "queda inscrita para siempre en la historia universal de la infamia".
EL INTENTO de sublevar a los electores sigue y seguirá hasta el último momento. Y uno de los argumentos principales será, sin duda, la llamada ley de la memoria histórica, pendiente de aprobación en septiembre. Recordemos a propósito de esto que el 20 de noviembre del 2002, a los 27 años de la muerte de Francisco Franco y con el PP en el poder, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una resolución que condenaba el golpe militar de julio de 1936, hacía un reconocimiento moral a las víctimas de la dictadura, prometía ayudas a los exiliados y apoyaba la reapertura de las fosas republicanas. Se trataba de una resolución trascendental. Y, con razón, fue motivo de enorme satisfacción y esperanza por parte de los perdedores de la guerra.
Dentro de unos meses habrán pasado cinco años desde entonces, años envenenados por el resentimiento y la constante labor de zapa del partido liderado desde el 2003 por Rajoy. Durante ellos, la elaboración de la ley de la memoria histórica avanzó despacio pero inexorablemente hasta el verano del 2006, cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero dio su beneplácito al texto del proyecto. Proyecto que, como se sabe, no satisfizo ni mucho menos ni a sus principales impulsores, IU-ICV y ERC, ni al PP. Para Gaspar Llamazares , el Ejecutivo había sucumbido a las presiones de los populares y de la vieja guardia del PSOE y, en consecuencia, el texto era decepcionante y poco valiente. En cuanto a Rajoy, dijo que se trataba de "un enorme error". La mayoría de los españoles, se atrevió a asegurar, "no quieren una revisión de su historia, ni quieren volver a hablar de la República ni de Franco". La ley no serviría "absolutamente para nada".
Pese al cinismo del PP (con sus constantes alusiones al deseo de reabrir heridas ya cicatrizadas), la elaboración de la ley ha seguido adelante desde entonces. Con la incorporación de importantes enmiendas procedentes de IU-ICV, esta formación ha garantizado su apoyo en septiembre. Continúan entretanto las negociaciones con CiU, que hay que esperar que desemboquen en un acuerdo razonable.
Amnistía Internacional, que ha seguido de cerca el asunto desde el 2002, y que en marzo del 2006 publicó un documento muy relevante al respecto (Víctimas de la Guerra Civil y el régimen franquista: el desastre de los archivos, la privatización de la verdad), acaba de instar al Gobierno a que haga ahora un último esfuerzo por mejorar sustancialmente la ley. La organización reconoce que las enmiendas ya incorporadas son positivas (sobre todo la supresión de los mecanismos incluidos en el texto original para ocultar los nombres de implicados, y que habría dado lugar a una especie de ley de punto final). Pero insiste en que hay que hacer más, sobre todo buscar una fórmula para que las víctimas de la represión franquista puedan acceder de forma individual a la justicia y a la documentación correspondiente. Es cuestión de garantizar el derecho a la verdad (AI propone la creación de un órgano oficial de investigación no judicial) y el derecho a la justicia (con la inclusión en la ley de un recurso extraordinario para la revisión de las sentencias).
Amnistía ha hecho bien en recordar al Gobierno que queda poquísimo tiempo y que es vital no perder esta última oportunidad para que el texto aprobado por las Cortes en septiembre sea el más digno y justo posible.
Se acerca la gran batalla. Y es evidente que, entre los temas de la campaña, tres acusaciones van a centrar la propaganda del PP, cada una enfocada de alguna manera como traición de Zapatero: la política practicada con ETA, la asignatura de Educación para la Ciudadanía (para los obispos, anticonstitucional y casi diabólica), y esta ley de la memoria histórica, que muchos consideramos imprescindible para que el país supere los horrores de la guerra y la dictadura.
*Escritor
