WEwl proyecto del nuevo Estatuto andaluz contempla que Andalucía ostente "competencias exclusivas sobre la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir", una postura que rechaza Extremadura pese a las últimas ofertas del presidente andaluz. Si ese artículo no sufriese modificación en la tramitación parlamentaria del texto aprobado por el Parlamento andaluz, 50.000 extremeños se verían afectados, puesto que una veintena de pueblos del sureste de la región están incluidos en la zona de influencia de la cuenca. Desde Andalucía se esgrime el argumento de que el Guadalquivir nace y muere en la comunidad, sin embargo, la cuenca va más allá de los límites andaluces y se adentra en 1.200 kilómetros cuadrados de Extremadura.
Es cierto que el aprovechamiento que hacen las poblaciones extremeñas de los recursos del Guadalquivir es menor, pero no es una autonomía, sino el órgano jerárquicamente superior, que es el Estado, la instancia que debe tener la potestad de tomar decisiones en las que se vean afectadas más de una región. Por otro lado, la política hidráulica, en un país de escasez de agua como España, no puede dejar de estar en manos del Estado; de lo contrario se abriría una puerta a actitudes insolidarias y que debilitarían la cohesión nacional, aunque no fuera el caso del Guadalquivir con respecto a Extremadura.
