Casi dos años después de su internamiento, la situación de los 660 presos recluidos en Guantánamo llega por fin al Tribunal Supremo de EEUU. La alta corte debe decidir, a efectos internos norteamericanos, si su Gobierno tiene derecho a retener en una base naval en territorio cubano, sin juicio, a unos ciudadanos extranjeros capturados en otro país. La Administración de Bush no considera a estos detenidos durante el conflicto de Afganistán como prisioneros de guerra, y les niega los derechos que les atribuye la Convención de Ginebra. Los califica de "combatientes enemigos" y los tiene encerrados en un lugar de dudosa jurisdicción sin acusarles de nada ni presentar pruebas contra ellos, sin acceso a sus familias o abogados, y sin posibilidad de demostrar su inocencia, como señalan quienes han conseguido que el caso llegue al Supremo. Uno de los pilares democráticos son las garantías legales. Negárselas a unos presuntos miembros de grupos islamistas retrata bastante mal a una Administración que se llena la boca hablando de que está promoviendo la democracia en el mundo. Guantánamo es una vergüenza, un insulto a los derechos humanos y un descrédito para Estados Unidos.
