La invocación de "la lealtad, la prudencia, la disciplina, el saber estar y la discreción" realizada ayer por la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, llega tarde. La lucha por el poder declarada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha enrarecido la atmósfera hasta convertir la confrontación política en poco menos que una lucha cainita. Y así, mientras Aguirre porfía para que su candidato a presidir Caja Madrid, Ignacio González, se haga con el puesto, el líder del partido, Mariano Rajoy, mantiene el envite para que el empleo sea para Rodrigo Rato, y Manuel Cobo, brazo derecho de Alberto Ruiz-Gallardón y connotado rajoyista, lanza una andanada que apunta a la línea de flotación de sus competidores. Aderezado todo con la sospecha más que verosímil de que Cobo fue objeto de una operación de espionaje ordenada en los aledaños de Aguirre.

Es difícil imaginar mayor cúmulo de despropósitos. En vez de promover el saneamiento del partido, sajar la parte dañada por el caso Gürtel y presentar alternativas al rumbo dubitativo del Gobierno para combatir la crisis, los dirigentes del PP han optado por discutir sus diferencias en la plaza pública, lo cual dice mucho de su tendencia al sainete y muy poco de su capacidad para anteponer el interés colectivo a las ambiciones personales.

Resulta especialmente significativo que, aun a costa de dañar la imagen de una entidad tan importante para la economía española como Caja Madrid, se haya prolongado en la práctica un periodo de interinidad por lo menos imprudente. Que la cuarta referencia del sistema financiero español se halle en el centro de una disputa política es, lisa y llanamente, una irresponsabilidad. Y que la presidenta Esperanza Aguirre promueva a Ignacio González, sin experiencia en el sector bancario, por razones meramente personales, resulta francamente alarmante. Tanto como que Mariano Rajoy carezca de la autoridad política y material suficiente para reconducir las cosas por el camino del sentido común.

Más parece que la dirección nacional del Partido Popular se encuentra sometida a la división interna del poder entre clanes. De ahí que la decisión del comité de derechos y garantías del PP de Madrid de remitir a la dirección del partido las declaraciones de Cobo tenga todas las trazas de ser un episodio más en la pugna entre contrincantes antes que fruto de la normalidad institucional. Porque en el PP ya nada es normal.