De juzgado de guardia puede calificarse lo ocurrido con el uniforme de las enfermeras de una clínica privada en Cádiz, donde creían que ese hecho era suficiente para imponer su criterio, obviando la Ley de Igualdad, el Estatuto de los Trabajadores, los convenios colectivos y lo que es aún peor, la dignidad de las trabajadoras. ¿Cómo es posible que ocurran estas cosas en pleno siglo XXI? El no aceptar el criterio de la empresa en cuanto a los uniformes les ha costado a una decena de empleadas una rebaja en el plus de productividad de treinta euros, que curiosamente dicho plus no tiene nada que ver con su indumentaria. A estas trabajadoras no les ha afectado la rebaja económica, ya que es algo material, sino en su dignidad. Les han hecho sentir meros objetos decorativos, frente a la profesionalidad que debe regir en esa área fundamental para el bienestar de las personas. Estos hechos resultan inadmisibles, máxime cuando este grupo empresarial tiene algún concierto con la Junta de Andalucía. Esta actitud es machista y retrógrada e impropia de los tiempos que corren y lo peor es que el gerente ha precisado que desconocía las movilizaciones previstas y reconoció que cuando un trabajador del centro "incumple reiteradamente la normativa de vestuario, hay un concepto económico que no se le abona". Además ha declarado sin ningún pudor que no cree que con esa medida se incumpla la Ley de Igualdad, y que si así fuera que se denuncie ante los tribunales antes de movilizarse. Este señor está convencido que la norma impuesta es potestad de la empresa, y que se lleva a cabo en todos los centros de la cadena sin incumplimientos. Afortunadamente, esta decena de mujeres ha destapado los hechos, y se tomarán las medidas necesarias ante lo que es un atropello a la dignidad de todas las mujeres que se encuentren en esa misma situación en los centros dependientes de este grupo empresarial y en otros lugares en los que haya sentado un precedente en otras mujeres que entiendan que el buen desarrollo de su labor profesional no tiene nada que ver con la indumentaria, en caso de que se las obligue a llevar una determinada. Además de lo que subyace tras el uso de este uniforme, que no es más que la consecuencia de algunas mentes calenturientas propicias a las películas porno, está la incomodidad de las personas que ejercen este oficio, ya que realizan durante su jornada numerosos ejercicios físicos y aparte de ser ilegal es ilógico obligarlas a estar más pendientes del largo de la falda o del escote que de la atención a los pacientes. Y si el gerente está tan convencido de que no incumple la Ley de Igualdad, ¿por qué no obliga a los chicos a ir con pantalón corto y ajustado? Ahora queda, que estas mujeres no sean obligadas a seguir llevando dicho uniforme hasta que los jueces le quiten la razón al patrón.

*Responsable Políticaspara la Igualdad PSOE.