Uno de los argumentos más perfectos y razonables por los que se justifica la acción o la actividad política es la voluntad colectiva por la que se cede a unas élites ciudadanas - seleccionadas por sus propios convecinos- la facultad de ejercer el poder para decidir y administrar los bienes comunes; disponiendo su destino y ordenando la convivencia interior de la "Polis". Consiguiendo con ello la "paz social", la perfecta coexistencia en armonía entre clases, estratos o colectivos ciudadanos, propiciando también el bienestar, la salud pública, la educación y la justicia social entre todos ellos; o, al menos, para la mayoría.

"La acción política -han dicho ya varios pensadores y sociólogos- es la única alternativa al conflicto y a la guerra". Es el método ideal para evitar disensiones o enfrentamientos; para distribuir con justicia bienes y servicios y para evitar violencias entre los grupos humanos, debidas a sus intereses enfrentados, a sus odios raciales o a las discrepancias entre tribus o clanes por la distribución de los territorios o de los bienes económicos.

POR CONSIGUIENTE, todos los ciudadanos biennacidos deberíamos expresar nuestro reconocimiento a los sufridos y respetados cargos electos, que por pura vocación de servicio o de solidaridad, dedican su tiempo, su inteligencia y, a veces, incluso su dinero, a resolver los problemas comunitarios y vecinales; a idear soluciones para la convivencia urbana -autonómica y nacional - y a mejorar las condiciones de la economía social, para que todos podamos vivir mejor, en una sociedad sin litigios, donde no resuenen las acusaciones ni procesamientos de unos contra otros.

Para todo esto se necesitarían tres precondiciones que deberían ser exigibles a todos los ciudadanos que aspirasen a desempeñar tan nobles propósitos; en cada uno de los llamados "Tres Poderes" en los que se articula el Estado. Bien como diputados, senadores o concejales de los parlamentos nacionales, autonómicos o municipales, -que forman el "Poder Legislativo"-. Bien como integrantes de cualquiera de los Consejos, Juntas, Ministerios o Direcciones Generales - que forman el "Ejecutivo"-; o bien como letrados, Fiscales, Magistrados o funcionarios del "Judicial". Responsables de garantizar a través de los distintos Tribunales, Audiencias y Juzgados, el respeto y cumplimiento de todas las leyes -empezando por la Ley básica Constitucional-, las normas y la equidad de todos los ciudadanos.

Estas precondiciones a las que me refiero, expuestas de manera resumida, serían las siguientes: La persona, debidamente facultada y preparada, que quiera intervenir en los destinos y proyectos de su comunidad, debe ser desinteresada, tener una profesión, ocupación o medio de vida que no le obligue a "vivir de la política"; aunque su cargo en la administración comunitaria esté suficientemente remunerado como para atender las necesidades de su familia con dignidad, honestidad y suficiencia; puesto que tendrá que dejar su trabajo para dedicarse plenamente a sus tareas públicas.

TODO CIUDADANO que aspire a ser "legislador": proponer, debatir, aprobar y respetar las leyes, deberá cumplir las leyes que ya existen. Las leyes civiles y económicas; los derechos constitucionales de los demás: la libertad, los derechos que reconoce y consagra la Constitución, etc. desechando toda injerencia dogmática, canónica o eclesiástica que pretenda desnaturalizar estas libertades y derechos.

Los ciudadanos que deseen administrar los bienes y servicios públicos, como Ministros, Directores Generales, funcionarios responsables de empresas, encargados del orden, etc. deberán declarar públicamente, en documento notarial, el inventario total de sus bienes patrimoniales, con sus valoraciones, rentas y obligaciones fiscales, para demostrar en todo momento que su actividad política no ha significado para él ni para sus familiares una fuente de enriquecimiento ilícito, apropiándose de los bienes sociales y colectivos, de los que son propietarios el conjunto de los ciudadanos.

Aún así, al final de cada mandato, de cada período temporal para el que los ciudadanos le eligieron y le compensaron por su trabajo político, no estaría de más recuperar aquel antiguo "Juicio de Residencia" en el que todos los funcionarios de la Corona estaban obligados a rendir cuentas de su gestión ante los tribunales de Oidores de la Chancillería Real, para demostrar que no habían faltado a su juramento de respetar y hacer respetar las leyes vigentes.