En cualquier trabajo u obra, el que no ayuda estorba. Esto ha debido pensar el señor Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, cuando, allá por mayo de este año, convocó la plaza de coordinador de actividades conservatorios de música de alta dirección.
El presidente de la diputación no ha pretendido ser un escollo en la carrera del señor Fernández Vara hacia Ferraz, tras los resultados de las recientes elecciones a secretario general del Partido Socialista.
Y si, para ayudar a su presidente, hay que darle una plaza al hermano del entusiasmado y recién reelegido Pedro Sánchez, pues se le da.
No soy quien para pronunciarme sobre el currículum del hermano del señor <b>Sánchez</b>, pero cierta sospecha levanta el hecho de que se convoque una plaza para coordinador de actividades conservatorio de música y no se exija titulación en música, sino que basta con una licenciatura o grado en cualquier especialidad. Por ejemplo, Económicas.
No discutiré la legalidad del procedimiento: es un contrato laboral de alta dirección que regula el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Función Pública de Extremadura. Pero, señor Fernández Vara, vuelve usted a infravalorar la inteligencia de los extremeños con sus declaraciones. No es ni ético ni estético vender el simulacro de procedimiento como un concurso público en el que todo el mundo participaba en igualdad de condiciones. Un concurso público que se resolvía con una entrevista personal llevada a cabo, no por un tribunal, sino por una diputada del Partido Socialista. La transparencia de los despachos.
No se discute la legalidad, pero sí la forma en que este proceso de selección ha tratado los principios de igualdad, mérito y capacidad. Porque en realidad no ha habido ningún procedimiento, lo que se ha llevado a cabo es una apariencia de procedimiento para justificar un «dedazo» en toda regla. ¿Qué cara se le habrá quedado al resto de candidatos que presentaron su currículum, elaboraron su proyecto y se prepararon la presentación del mismo?
Nuevamente Extremadura vuelve a ser noticia, no por unos buenos datos de empleo o de crecimiento económico, sino por las prácticas caciquiles de una institución, la Diputación de Badajoz, que lleva más de 30 años haciendo de su capa un sayo.
