Nunca he fumado. Tampoco tengo intención de hacerlo en el futuro. Tengo amigos y familiares que fuman y defiendo su derecho a inhalar el humo de sus cigarros, al tiempo que les aconsejo que lo dejen, porque sé que es perjudicial para su salud y, como los quiero, no deseo que enfermen. Pero, en modo alguno, me inmiscuyo en la libertad que, como individuos, tienen de elegir si desean o no fumar.

El Gobierno, al tiempo que recauda pingües beneficios a cuenta del cobro de los impuestos que gravan la compraventa de cigarrillos, fuerza el aumento del precio del tabaco, dificulta la comercialización del producto, obliga al sector hostelero a crear espacios diferenciados de fumadores y no fumadores para, a continuación, prohibir hasta la existencia de cubículos para fumadores en bares y restaurantes,-

Dicen preocuparse por la salud pública, pero no financian los tratamientos médicos de aquellas personas que quieren dejarlo. Hablan de libertad, pero restringen la de los fumadores al arrinconarlos como apestados a habitáculos en salas de juegos y casinos, únicos espacios públicos en los que --al parecer-- se permitirán atmósferas de humo, aparte de la vía pública, no permitiendo a los empresarios, tampoco, decidir si en sus establecimientos se puede o no fumar. Parlamentan sobre la importancia de la educación y la prevención, mientras desatienden --precisamente-- esas líneas de acción básicas para la reducción del consumo de tabaco. Demuestran, en definitiva, la falta de planificación de sus políticas, su poco respeto a las decisiones personales de cada cual y la hipocresía del que se jacta de perseguir algo por lo que está obteniendo cuantiosos beneficios.

Antonio Galván González **

Calzadilla de los Barros