Los recientes hechos ocurridos en Honduras devuelven América Latina a una realidad que ha ido integrando la historia de este continente. La frecuencia de golpes de Estado fue particularmente intensa en los años 70 y 80. Y dentro del continente, acaso sean los países de Centroamérica los que especialmente han padecido esta lacra.

Hay una excepción, aunque no por ello es menos convulsa su historia. Es el caso de Nicaragua. En pocos días se cumplirán los 30 años de la llegada del frente sandinista al poder. Se produjo tras una guerra abierta entre las fuerzas sandinistas y el Ejército. Concluía de este modo una feroz dictadura de la familia Somoza y se iniciaba un cambio compuesto por una amalgama de izquierdistas revolucionarios, demócratas liberales y cristianos militantes. (¡Quién no recuerda de aquella época la música de Carlos Mejía Godoy cantando al Cristo de Galapagüina!). Las ilusiones quedarían atrás y, a pesar del predominio de los sectores sandinistas, unos comicios permitieron un cambio, y otros posteriores, hasta su reciente regreso mediante las urnas de un Daniel Ortega con piel de cordero.

En cambio, en otros países de Latinoamérica, los derrocamientos de gobernantes mediante pronunciamientos militares resultaron frecuentes. Acaso, con la excepción mencionada, con especial intensidad en la región centroamericana. Es el caso de El Salvador, especialmente con el golpe de 1979, que provocó una de las épocas más sangrientas en las que miles de salvadoreños (entre ellos monseñor Romero ) serían asesinados.

XGUATEMALA ESx también un triste ejemplo, particularmente con el golpe militar que llevaría en 1982 a la presidencia al general retirado Ríos Mont y que produjo un terrible genocidio entre la población maya, con más de 300.000 asesinados. Algunos de estos hechos intentan ser investigados meritoriamente por la Audiencia Nacional española, a la que el Gobierno y el Parlamento quieren cortar las alas limitando la acción de la jurisdicción universal.

Más reciente es el caso del presidente constitucional Serrano Elías , que en junio de 1993 intentó un autogolpe imitando lo que a Fujimori , en Perú, le había salido bien apenas tres meses antes. Pretendió disolver el Congreso y la Corte Suprema. Pero la Corte de Constitucionalidad denunció el intento de perpetuarse y la falta de apoyo del Ejército le llevó, como a otros dictadores, a refugiarse en Panamá.

En el caso de Honduras, son muy reiterados los motines. En 1963, López Arellano llega al poder tras un golpe militar. Once años después, él mismo es víctima de otro pronunciamiento del Ejército, que coloca en su lugar a un coronel que, tiempo después, sería sustituido por un triunvirato (militar, por supuesto). Las elecciones no llegarían hasta 1980, y aunque diversos gobiernos fueron elementos contrarrevolucionarios en la línea de Reagan de desalojar gobernantes de izquierda en otros países o instrumentos de multinacionales (la del banano, principalmente), no volverían a producirse derrocamientos militares en este país tan pobre y tan destrozado tras el huracán Micht, en 1998, que dejó más de 10.000 muertos.

Más recientemente, echando la vista atrás, en esta última década puede observarse que el único pronunciamiento militar en un país latinoamericano fue en Venezuela, en el 2002, en un intento de derrocamiento fallido contra Chávez , quien, antes de acceder democráticamente al poder, intentó previamente, en 1992, una asonada contra Carlos Andrés Pérez que le valió la cárcel y, con ella, una popularidad que alimentaría su triunfo en las elecciones de 1999.

Volviendo a Honduras --uno de los países con mayor corrupción del mundo--, lo sucedido con Zelaya es una historia sabida. Accedió al poder hace cuatro años con cierta sorpresa. Ganó con el partido liberal de tendencia muy conservadora, pero poco después se convertiría, por arte de magia, en un izquierdista. En casi todos estos países existen regímenes presidencialistas, en los que no es renovable el mandato. Chávez lo cambió al segundo intento y Evo Morales llegó a hacer huelga de hambre porque su Parlamento no lo cambiaba.

Ahora, en Honduras, próxima la expiración de su mandato, Zelaya convocó un referendo, promoviendo una Asamblea Constituyente que para el Parlamento, la Corte Suprema y las principales instituciones del Estado era ilegal. El problema fue que en lugar de dirimirse el conflicto por los mecanismos constitucionales, actuó el Ejército, arrestando y expulsando al presidente fuera del país. Las pretensiones presidenciales, por ilegales que fuesen, nunca justifican la intervención del Ejército contra un Gobierno constitucional.

Es una pena que instituciones como la Organización de Estados Americanos no sean un mecanismo efectivo de integración, estabilidad y vertebración.

Días antes de estos hechos tuve una larga plática con alguien muy conocedor de estas realidades, el catedrático Moreno Catena , y pensábamos en Honduras, Guatemala, Panamá, etcétera. No me resisto a expresar uno de los problemas sobre los que reflexionamos: los gastos electorales. En casi todos estos países se producen unas campañas con un derroche espectacular. Esto se ve agravado por la existencia muy frecuente de primarias internas. Todo ello genera unos costes inmensos, unas hipotecas muy poco transparentes y dos preguntas sin respuesta: ¿quién paga todo esto? y ¿cómo lo cobra?