Más de dos décadas han transcurrido desde que un salvaje atentado acabara con la vida del guardia civil extremeño Avelino Palma. Una mujer --Manuela Orantos, su viuda-- ha luchado durante estos años, primero en solitario y después como delegada regional de la Asociación Víctimas del Terrorismo, contra la placidez del olvido. Recuerda en más de una ocasión cómo el entierro de su marido hubo de hacerse casi a hurtadillas, esquivando cualquier tipo de reproche respecto a los verdugos. Y es que en nuestro país la democracia acababa de comenzar y aquellos asesinos parecían tener ideas políticas. Aunque nunca comprenderé cómo el asesinato puede estar recubierto de una idea, que no sea la del más duro reproche hacia el que sesga la vida humana.
En Extremadura hay más de 40 familias afectadas por la lacra terrorista; desgraciadamente este caso no es el único. Recientemente, la Junta ha concedido la Medalla de Extremadura a la Asociación Víctimas del Terrorismo. Esta distinción puede que sirva, al menos, para sentir un acercamiento solidario a tantas y tantas gentes que no callaron, que fueron valientes aún con lágrimas en los ojos, y que han mantenido un compromiso democrático, por encima de sus propias circunstancias personales. Jamás hemos de olvidar la generosidad de sus vidas, siempre aguardando la justicia, inmutables a las provocaciones de unos terroristas, que se interpusieron en sus caminos. No hay lugar para el olvido, como no hay lugar para la injusticia. Las víctimas del terrorismo en España nos han enseñado a fortalecer nuestras convicciones en el Estado democrático; especialmente porque todas, absolutamente todas, han decidido apostar por el sometimiento a un sistema que intenta ser justo, a pesar del daño atronador que la metralla ha causado en sus vidas.
