Las repercusiones de la huelga de hambre iniciada por la activista saharaui Aminetu Haidar en el aeropuerto de Lanzarote el pasado 16 de noviembre han alcanzado cotas dramáticas. Mientras el cuerpo de Haidar se debilita a cada hora que pasa, Marruecos hace ostentación de intemperancia y España apenas puede ir más allá de persuadir a las partes de que deben ceder en algo, salvo que eche por la borda la complejidad de las relaciones tejidas con Marruecos. Algo que, por cierto, repercutiría en el control de la inmigración y en la lucha antiterrorista.

Ante la unanimidad militante de los partidos marroquís, que estiman indiscutible la pertenencia del Sáhara a su país, y la consideración de la crisis por la UE como un problema bilateral de España con Marruecos, entra dentro de lo razonable la iniciativa del Gobierno de someter a todos los grupos una proposición no de ley que inste al Ejecutivo marroquí a "asumir sus responsabilidades" y a Haidar, a renunciar a la huelga de hambre.

Suponer que el Gobierno dispone de resortes ocultos para inducir a Marruecos a rectificar es desconocer los condicionantes de las relaciones con nuestros vecinos africanos del sur y la naturaleza de la monarquía alauí, bastante diferente de las democracias coronadas europeas.

Basta con recordar que una de las primeras condiciones puestas por Marruecos es exigir a Haidar que pida perdón a Mohamed VI, piedra angular de todo el andamiaje institucional.

Desde luego, al Gobierno español se le puede afear su falta de reflejos cuando permitió la entrada en España de Haidar, sin prever las consecuencias. Puede incluso reprochársele que no pusiera el derecho internacional y la conveniencia política por delante de otras consideraciones.

Pero carece de justificación decir que el Gobierno ha arrojado la toalla o que descarga todo el peso del desenlace de la crisis en Haidar.

Durante los últimos días, desde diferentes sectores, se insiste en que España debe asumir sus responsabilidades históricas en la descolonización del Sáhara. Pero más de 30 años después de la Marcha Verde, en plena agonía del franquismo, también es legítimo pedir a Marruecos que haga lo propio para reparar las consecuencias más sangrantes del oportunismo político practicado por Hasán II en 1975. Incluso es legítimo inducir al Frente Polisario a que pida a Aminetu Haidar que recapacite. Todo es preferible a esperar que se consume la tragedia.