El espacio aéreo español se colapsó ayer por una huelga salvaje de controladores que, sin previo aviso y de manera simultánea, abandonaron sus puestos de trabajo aquejados de presuntas indisposiciones y mareos. Esta huelga encubierta, que perjudica a centenares de miles de usuarios (entre ellos a los que iban a viajar ayer tarde de Badajoz a Barcelona), se declaró mientras el sindicato USCA ofrecía una rueda de prensa en la que no se anunció ninguna movilización. O fue un acto de cinismo mayúsculo o los dirigentes sindicales fueron desbordados. La huelga salvaje es una respuesta a dos decretos aprobados por la mañana por el Consejo de Ministros, en los que se regulan determinadas condiciones de trabajo. Una disposición militariza a los controladores en algunas circunstancias, una medida adecuada después del conflicto que desataron antes del verano y que acabó en un pacto que ahora vuela por los aires. Otra disposición obliga a los controladores a someterse a reconocimientos médicos al darse de baja, y no más tarde, como ocurría hasta ahora. Pero la medida más polémica es la que fija el horario de trabajo anual: el Gobierno establece 1.670 horas de control efectivo, mientras que los controladores quieren incluir en esa jornada las bajas, las horas de reciclaje y otras. No es legítimo responder a los decretos con el abandono del puesto de trabajo, tomando como "rehenes" en un "chantaje" a los ciudadanos, como dijo el ministro de Fomento. Por eso, en una acción enérgica e inmediata de Fomento, anoche mismo se aplicó el decreto de militarización. Aunque esta decisión apacigüe el caos, el mal ya está hecho. Y esperamos que la ley y los despidos se apliquen con todo rigor ante una actuación tan irresponsable.
