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Huelga de la justicia y/o justicia de la huelga

La situación provocada por la huelga ha resultado un tanto desleal y nefasta para el ciudadano, el abogado y el procurador.

JUAN MANUEL RozasJUAN MANUEL Rozas
05/04/2008

 

Si estas líneas salen publicadas significa que este periódico ha vuelto a ser benevolente con mi pluma y que habré decidido destapar mi personal caja de los truenos en relación con la ya famosa huelga de funcionarios del Ministerio de Justicia, que comenzó en la primera semana de febrero.

El planteamiento de la paralización de los juzgados (digo paralización, porque técnicamente es o se trata de un paro parcial, no una huelga propiamente dicha) era simple: se pretendía una mejora por agravio comparativo (discriminación negativa) con los funcionarios adscritos a aquellas comunidades autónomas con competencias transferidas en la materia, dado que, en paralelo, las diferencias de salarios, en bruto, podrían oscilar entre 300-400 euros (sic).

Hasta aquí todo bien, se ejercita un derecho constitucional, los funcionarios y sindicatos nacionales se apoyan solidariamente en esta reivindicación, y, finalmente, deciden llevar a cabo, al unísono, la conocida huelga, con sus ya conocidos resultados.

Con todo respeto para las legítimas aspiraciones de los esforzados trabajadores del solemne ministerio, del que no sólo viven los funcionarios, jueces y secretarios, la situación legítimamente provocada ha resultado un tanto desleal y nefasta para el ciudadano en general, y para el abogado y el procurador en particular.

¿Por qué? Como muestra, simples botones:

--Se ha llevado a cabo un paro total e indiscriminado, sin tener en cuenta los servicios mínimos, que van más allá del detenido o preso en causas penales (nacimientos, muertes, separaciones, declaraciones penales voluntarias, juicios laborales de despido, mandamientos de pago, incapacitaciones, permisos de salida carcelarios,... por nombrar sólo lo más granado). Es tal el desastre, que un cliente del despacho que está siendo buscado por las fuerzas de seguridad ha ido a ponerse a disposición del Juzgado de Guardia, y le han dicho que vuelva otro día, que hasta que no le lleven esposado/detenido, no pueden atenderle, porque no forma parte de los servicios mínimos (menos mal que no es por un delito de sangre, por ejemplo.)

--Se ha obligado/coaccionado a las partes y a sus representantes para preparar, desplazarse y comparecer a juicios que se sabía que no se celebrarían jamás, y ello con la anuencia de algunos jueces y secretarios. En algunos casos, los litigantes han venido de fuera de España para encontrarse con la sorpresa de unos bancos vacíos.

--Se ha faltado al respeto --y esto hay que decirlo, aunque duela-- a los profesionales del Derecho, que siempre han actuado con la máxima dignidad y caballerosidad en el foro, ya que en algunos casos hemos tenido que hacer el paripé de viajar para comparecer a juicios de antemano suspendidos, bajo la amenaza de que la huelga podía desconvocarse en cualquier momento, lo cual todos sabíamos que era incierto, o incluso soportar la lotería de celebrarse algún juicio, porque el agente del juzgado decidía ese día (sólo ese día) no ponerse en huelga, como si la justicia dependiera de que alguien abra las puertas o clame el nombre de los testigos.

XPUES BIENx, aunque es labor muy poco conocida y menos aún reconocida, los letrados --abogados-- españoles (que obviamente no son funcionarios pero sí pertenecen al aparato judicial en su faceta de colaboradores públicos en determinados supuestos) vienen asumiendo por imperativo legal la organización y gestión del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) cuyos costes materiales y de personal son abonados íntegramente por los Colegios de Abogados a los que pertenecen, sin percibir retribución alguna más allá del turno de oficio, y realizando, como digo, todo el servicio de atención al ciudadano que marca la Ley 1/96 y su Reglamento, e igualmente llevan a cabo la asistencia letrada del turno de oficio, en todas las jurisdicciones y especialidades, todo ello por una contraprestación de baratillo, que no cubre ni el recibo del teléfono del despacho, al menos en Extremadura, y los abogados jamás se han quejado y nunca han abandonado su labor social gratuita o cuasi-gratuita, por respeto al ciudadano y a su mandato constitucional.

¿Puede pensarse en una huelga efectuada por letrados basada en motivos salariales que supusiera dejar de atender, masivamente, a cientos o miles de ciudadanos extremeños al año, que se verían irremediablemente abocados a contratar postulaciones privadas o a tener que desistir de sus pretensiones ante la falta de ingresos? ¿Y qué decir del turno de oficio, si, por ejemplo, los abogados que atienden a pie de comisaría a los detenidos decidieran reducir la jornada a unas determinadas horas, provocando el alargamiento de la detención provisional en los calabozos de comisaría?

Qué curioso: no debe ser muy buena nuestra justicia cuando, sin funcionar, estamos más o menos igual que cuando aparentemente funcionaba; y lo peor es que esta huelga servirá, sine die , para justificar los anteriores e injustificables retrasos de los juzgados y audiencias. Pero no se preocupen: para bien o para mal, de oficio o de pago, siempre podrán contar con un abogado que cumpla los plazos.

*Abogado