La exigencia de explicaciones al Gobierno de Venezuela cursada por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, permite hacerse una idea bastante aproximada del grado de verosimilitud que el Gobierno español da a la implicación del Gabinete de Hugo Chávez en los contactos entre ETA y las FARC.

El procesamiento de 13 personas --seis presuntos etarras, seis guerrilleros colombianos y una ciudadana española-- dictado por Eloy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional, contiene gravísimas acusaciones que enrarecen notablemente las relaciones hispano-venezolanas, difíciles de por sí desde que Chávez llegó al poder, encabezando lo que él denomina como ´movimiento bolivariano´. Y, al mismo tiempo, hace casi imposible que las de Colombia con Venezuela, tempestuosas a raíz de que la primera decidiese acoger bases americanas, se rijan por las normas de la buena vecindad.

Nada hay de nuevo en el vínculo de ETA con las FARC --se remonta a 1999 y está muy documentado--, pero sí en la "cooperación gubernamental" de Venezuela. Se trata de algo insólito porque esta cooperación incluía --acaso incluye en la actualidad-- dar cobertura a la participación de ETA en la preparación de atentados, en España o en otros países de la UE, contra el presidente de Colombia, Alvaro Uribe, y su antecesor, Andrés Pastrana. Algo verdaderamente insólito, a todas luces injustificable, sobre lo que Chávez debe manifestarse con la mayor prontitud para no engordar la sospecha de su connivencia con la guerrilla colombiana y, de paso, no suministrar en España razones a quienes piensan que el Gobierno ha sido excesivamente indulgente con la aventura política bolivariana.

Son de sobra conocidos los últimos desencuentros de Chávez y Uribe, y viceversa, con apelaciones a la guerra, el primero, y a la virilidad de su adversario, el segundo. Son también del dominio público las sacudidas que sufren de vez en cuando los intereses de las multinacionales españolas en Venezuela. Pero la información contenida en el auto de procesamiento va más allá de todo esto porque establece una relación directa del Gobierno de Chávez con dos organizaciones terroristas. Va más allá, desde luego, de la heterodoxia populista que gusta practicar el presidente de Venezuela.

Es de desear que el Gobierno de Caracas aclare cuanto sea preciso y rebata punto por punto el texto redactado por el magistrado Eloy Velasco. En caso contrario, será ineludible que el Gobierno de España, con independencia de cómo evolucionen las relaciones de Colombia con Venezuela, introduzca toda clase de cautelas en las suyas con este país.