WLw a dirección de Iberia ha expedientado a 60 de sus trabajadores en el aeropuerto de El Prat por su actuación en la huelga salvaje del 29 de julio. Pese al intento sindical de argumentar que hubo espontaneidad en la ocupación de las pistas, la realidad es que se dieron diversos grados de participación para que el bloqueo de las áreas de aterrizaje --que en el proceso penal ha sido calificado como desórdenes públicos y sedición-- fuera efectivo. En esa acción fue decisivo que los vehículos de transporte de la compañía impidieran, en una maniobra planificada, todo el tráfico rodado en tierra. Esta constatación es la que ha permitido a la dirección de Iberia concretar los nombres de los responsables de esos vehículos. Los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, se han apresurado a pedir sanciones simbólicas. Ya lo hicieron cuando presentaron, tarde pero adecuadamente, disculpas por lo sucedido, tras reconocer que no supieron impedir que la central minoritaria y de acción directa CGT se impusiera el 29 de julio.
Los afectados de aquel día y, en general, los usuarios del transporte público, temen que el paso del tiempo borre las huellas de responsabilidad de aquella jornada caótica. Hay que romper con esa idea. Y siguiendo las tesis de Fomento, también hay que determinar la parte de responsabilidad de la dirección de Iberia por su pésima gestión de cómo informar sobre la pérdida de la adjudicación del servicio en tierra (handling) en El Prat, más allá de las indemnizaciones económicas. Pero que cada palo aguante su vela. La compañía debe ser sancionada por su pasividad, pero a su vez tiene la obligación de buscar a los empleados desleales y sancionarlos.
