En el ordenamiento jurídico no cabe constituir un ±asimétrico y discriminatorio haz de derechosO en función "de la adscripción ideológica" de los ciudadanos "por muchos que fueren los que pusieren en ello su empeño". Esta idea está contenida en el auto del magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela que envía al banquillo al juez Baltasar Garzón y con ella se pretende justificar que el hecho de que Falange Española o la extrema derecha sean los denunciantes no les quita un gramo de razón. Pero a Varela le habrá bastado con ver el alborozo con que los medios de comunicación de la derecha han acogido su decisión para darse cuenta de que la ideología no se puede separar de ningún acto jurídico, y menos aún del que pretende enjuiciar a Garzón por abrir una investigación sobre los crímenes del franquismo.

Junto a ese argumento, Varela se despacha con otros para apoyar la aplicación en su grado más grave --el artículo 446.3 del Código Penal-- del delito de prevaricación: dictar a sabiendas una resolución contraria a derecho. Garzón, asegura el instructor del Supremo, era "consciente de su falta de competencia y de que los hechos denunciados carecían ya de relevancia penal", por lo que optó por construir "una artificiosa argumentación para controlar las exhumaciones" de los desparecidos durante la guerra civil. ¿Cómo sabe Varela que Garzón era consciente? El instructor está tan seguro desde el primer día de la culpabilidad de Garzón que ha rechazado todos los testigos propuestos por la defensa del magistrado. Entre los vetados se encuentra el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, quien se opuso siempre a la actuación de Garzón en este caso, pero quizá iba a declarar que no apreciaba prevaricación, sino simple invasión de competencias.

La cuestión clave está ahí. Un juez puede equivocarse e iniciar actuaciones que no le corresponden, pero ¿prevarica por eso cuando la aplicación de la ley es discutible? Los tribunales viven cada día episodios parecidos: decisiones tomadas por un instructor que luego son desautorizadas por instancias superiores. Es muy sospechoso que tres querellas distintas contra Garzón hayan sido admitidas a trámite por sus propios compañeros de carrera, si no acudimos a lo que en el lenguaje popular se conoce con la expresión "le tienen ganas". Y más si recordamos los escasos casos, y las aún más escasas condenas, en que jueces juzgan a otros jueces.