Dijo el miércoles en la sesión de control del Congreso el titular de Justicia, Rafael Catalá, que queda «mucho por hacer» para inculcar la igualdad en la judicatura, y citó que son necesarios cambios de «leyes, comportamientos, culturas y el lenguaje» de los jueces. Tiene razón el ministro, y en este sentido la sentencia de La manada puede ser una oportunidad para minar la justicia patriarcal (un concepto que no es nuevo, sino que lleva siendo ampliamente estudiado desde el feminismo desde hace tiempo) y no, como se sostiene desde sectores conservadores, una forma de ceder la justicia al cambiante estado de ánimo de la opinión pública.

La desigualdad de género es estructural en la política y la justicia, y ello afecta a cómo se imparte justicia y a cómo se redactan las leyes. Sirva de ejemplo el hecho de que, habiendo más mujeres que hombres en la carrera judicial y fiscal, la presencia femenina en los órganos de decisión es mucho menor. La última prueba la hemos tenido estos días, cuando Catalá resucitó la Sección Penal de la Comisión General de Codificación para estudiar una reforma exprés del Código Penal en lo referente a delitos sexuales. Este organismo, que empezó ayer sus deliberaciones, está compuesto íntegramente por hombres y tiene una media de edad de 67 años (dejando al margen que en 30 años solo se ha reunido una vez). El Gobierno incorporó de urgencia a cinco mujeres, una de las cuales dimitió al saber que únicamente entraba en el organismo de forma temporal.

Resulta chocante que un organismo estudie los delitos sexuales con una reducida presencia de mujeres. Pero la desigualdad de género debería haber resultado chocante (e insoportable) mucho antes. Es cierto: una mujer también puede emitir sentencias machistas. Pero el debate no gira sobre lo que puede hacer una persona en concreto, sino de la estructura, que obedece a una mirada determinada. Si la estructura de la justicia es patriarcal y desigual, sus sentencias acabarán siendo patriarcales y desiguales.

Queda, en efecto, mucho trabajo por hacer, además de una reforma exprés del Código Penal que por su importancia no debe tomarse a la ligera. De entrada, hallar la forma de que las decenas de catedráticas de Derecho Penal que hay en España participen en el debate. No es una concesión, ni un asunto de cuotas. Es una obligación.