Desde siempre, y más en la última década, se habla de la reforma de nuestra Constitución. La oportunidad del debate varía, dependiendo de la presión más o menos insistente, desde distintos ámbitos de la esfera política y pública. Por lo que parecería razonable concretar los términos en los que se ha de perfilar esa reforma de nuestra Carta Magna, y esto formara parte de una condición previa.

Poniendo el epicentro en lo que se ha venido en denominar cambio social e histórico en nuestro país. Por lo que el debate, y posterior trabajo, en el marco de una futura reforma en las Cortes Generales tendrá que ser tan abierto como vertientes ideológicas y de pensamientos existentes, de todo tipo de interlocutores políticos, sociales, económicos e institucionales; con el desafío de una sociedad moderna e innovadora. Un debate que no rehúya todo tipo de líneas de trabajo, desde el modelo de Jefatura del Estado, hasta la proyección máxima de principios tales como el de la equidad y la solidaridad. Porque somos diferentemente iguales, lo que significa que no puede haber privilegios asentados en relación a los derechos individuales y sociales.

Como ciudadana en plena era del siglo XXI, en un contexto de mundo globalizado, reconozco que mi preocupación se centra en conocer si en el espacio territorial de mi país la equidad y la solidaridad están garantizados. Esto es, preservar como principio que no haya diferencia entre todos los españoles, respecto a servicios públicos tales como la sanidad, la educación, la cultura, las infraestructuras y sistemas tributarios e impositivos, entre otros.

Como reflexión habrá que cuidar mucho que el escenario de una probable reforma constitucional no se someta al ventajismo de unos u otros, si ello conlleva romper el principio de solidaridad. Quizá no debiera ser un buen comienzo, si antes no se ponen sobre la mesa que cualquier reforma debe partir sinceramente desde los conceptos de equidad y de solidaridad. El mayor reto que deben tener los máximos poderes del Estado debiera estar en garantizar esos principios, que son a los que se debe aspirar como sociedad democrática.

Constituyen, además, derechos consustanciales al individuo, que no debieran ser esquivados con mecanismo alguno que sustente una nueva configuración territorial. Debe haber un interruptor que sepa medir todas aquellas decisiones, que en el trasiego del juego de las mayorías parlamentarias, no puedan ser causa efecto para obtener privilegios de un territorio, con respecto a otro.

Y no se trata tanto de obviar lengua, tradición, patria o bandera, que han de ser respetadas y salvaguardadas. De lo que se trata es de poner en marcha una reforma constitucional basada en principios consagrados a lo largo de nuestra historia, que consolidan la democracia y, en especial, cuando de lo que se pretende es concitar el encuentro entre diferentes. Diferentes y diferencias que nunca deberán sustentarse en privilegios de unos, en detrimento del resto. En este territorio que es España, y en este marco de convivencia que es la Unión Europea conviene predecir una reforma de nuestra Carta Magna, en lo que debe ser una sociedad de derechos individuales que no choquen con privilegios de espacios territoriales.