El acuerdo alcanzado en el Congreso por el PSOE, IU e ICV sobre la ley de la memoria histórica se sustenta en una declaración de "ilegitimidad" de los juicios realizado por los tribunales franquistas durante la guerra civil y la dictadura por motivos ideológicos o políticos. Es una fórmula equilibrada que esquiva la declaración de nulidad de todos esos procesos, lo cual podía provocar inseguridad jurídica, y que en cambio da argumentos a quienes pidan ante los actuales tribunales revisiones de causas de aquellos años tenebrosos. Es previsible que CiU, PNV, BNG y Coalición Canaria se sumen a este acuerdo y permitan así que esta polémica ley salga apoyada con mayoría amplia después de tres años de forcejeos. No se sumará el PP, cuyos dirigentes siempre han achacado a un supuesto extremismo del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el impulso de una ley que trata de dignificar la memoria de las víctimas del franquismo y también de quienes sufrieron la violencia en el bando republicano. Eduardo Zaplana, portavoz del PP, iba el jueves muy lejos al decir que esta ley "entierra definitivamente la transición". Pero el gran pacto social y político que se produjo en España cuando murió Franco y permitió la llegada de las libertades sin violencia no supone que haya que pasar un manto de olvido sobre un pasado cruel. Rehabilitar el buen nombre de miles de asesinados, torturados y encarcelados no puede interpretarse como la reapertura de viejas heridas sino como una deuda de nuestra democracia.