WEws impropio de un hombre de leyes justificar las instrucciones de tirar a matar recibidas por la política británica, incluso en el supuesto de que la lucha contra el terrorismo islamista fuera la tercera guerra mundial. Pero alarma a cualquier demócrata que sea Francisco José Hernando , el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de un Estado de derecho como el nuestro, quien considere legítima la orden de tirar a matar. Eso le descalifica como autoridad, como juez y como jurista en una democracia que se precie de serlo en la Europa del siglo XXI. ¿Cómo puede admitir la ejecución extrajudicial, asesinato más bien, quien además preside la Sala del Tribunal Supremo que vela por el comportamiento constitucional de los partidos políticos? ¿Es éste el perfil de un jurista de acreditada solvencia? Las palabras de Hernando cuestionan y minan el Estado de derecho, la separación de poderes y la dignidad de la persona. Es cierto que estas ideas reaccionarias tienen predicamento social en momentos de pánico en busca de seguridad colectiva. Pero es también cierto que si se llevan a la práctica en detrimento de la libertad y de la democracia, los terroristas habrán empezado a alcanzar sus objetivos.
