Cuando el próximo 3 de agosto el presidente Zapatero vuele hacia Lanzarote para tomarse vacaciones no podrá desalojar de su equipaje mental dos problemas muy especiales. Uno, los incendios forestales. Y otro, la llamada gripe A.
Acabamos de sufrir la tragedia de los bomberos muertos en Horta de San Joan. No dejaremos de preguntarnos por qué unos profesionales experimentados no pudieron evitar que el fuego les cortase la retirada. Lo de Horta recuerda al incendio de Guadalajara, en el verano de 2005, también con trágicas consecuencias.
La otra gran preocupación de Zapatero para la vuelta del verano es la contraofensiva sanitaria contra la gripe A. Sobre todo en lo que atañe a la actuación de los poderes públicos. Como la pandemia no reconoce fronteras va a poner a prueba la capacidad de coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Salvo improbable conquista de la unidad de criterio entre el Gobierno y las comunidades, una de tres. O manda el Gobierno por decreto extraordinario en nombre del interés general, o se toman decisiones por mayoría en el Consejo Interterritorial, o cada cual hace de su capa un sayo.
A la espera de la siempre aplazada reforma del Senado como Cámara de representación territorial o la creación de potentes órganos de cooperación del Gobierno y las comunidades, el Gobierno debería seguir pisando en nombre del Estado ese espacio que conviene a la salvaguardia de los intereses generales y la gestión del bien común. Especialmente en un área de la gobernación, la sanidad pública, que no es exclusiva sino compartida. ¿Conseguiremos que la contraofensiva se lleve a cabo con protocolos comunes y acción conjunta en todo el territorio nacional o volverá a darse un espectáculo como el de la reciente financiación autonómica?
