INCENDIOS EN REFORESTACIONES

Pasada la temporada álgida de incendios forestales, especialmente intensa este año, es llegada la hora del análisis de la situación y de las circunstancias que han concurrido para que se haya producido este desastre. Ya nos imaginamos las mesas y gabinetes de crisis por un lado, las plataformas de afectados por otro, buscando éstos culpables con forma humana y aquéllos sacudiéndose las acusaciones y señalando a dos madres; a la madre Naturaleza y a la que parió a los pirómanos.

Esperamos que en las próximas semanas y meses, cuando se enfríen los rescoldos de todos los fuegos, los forestales y los de la ira, la rabia y la impotencia, y desaparezcan todos los humos, los de los incendios y también los del oportunismo político y los que forman la cortina que se corre para desviar responsabilidades y culpas lejos del cargo y se puedan serenamente adjudicar culpas y disculpas a quienes corresponda. Esa tarea requiere paciencia y tiempo.

Lo que tiene que ser inmediato y sin demoras es el apoyo y auxilio de la sociedad, beneficiaria de la existencia de los montes que han ardido, a quienes de una manera más inmediata han sufrido el daño; los propietarios y explotadores de esos bosques.

Quiero centrarme especialmente en los propietarios que se han acogido al Programa de Reforestación de Tierras Agrarias, promovido por la Unión Europea y financiado por ella en un 75%. Si se aplica la normativa que la propia Junta dictó y con pretendida aplicación a todas las reforestaciones existentes desde el inicio del programa en 1993 tendríamos que ante un abandono, destrucción o pérdida de la forestación originado por fuerza mayor no imputable al beneficiario se procedería a la anulación del expediente y de las ayudas pendientes de abono, sin exigir el retorno de las cantidades percibidas.

Ello puede dar lugar a una agravación insoportable de la situación económica de quienes han sufrido la devastación de un incendio, ya que, según lo anterior, no percibirían la prima compensatoria correspondiente a esta anualidad ni, en principio, ningún otro ingreso de esas tierras por producción, ni por subvención, pese a que hasta la fecha del incendio se han cumplido con la normativa vigente en cuanto a mantenimientos y exclusión de aprovechamientos agrícolas y ganaderos.

Se nos puede decir que pueden tener algún tipo de indemnización derivada de la declaración de zona catastrófica, pero ello no les va a impedir sufrir un trastorno económico inmediato, pues la falta de ingresos que viene a compensar la prima llamada por ello compensatoria ya se ha producido.

La Consejería de Agricultura, en su obligación de mitigar en lo posible las consecuencias de estas catástrofes, debería revisar su propia normativa si deviene lesiva e injusta, como en este caso, puesto que evidentemente no palía sino que agrava la trascendencia económica de los incendios.

Y como tema para la reflexión pongo encima de la mesa el de la conveniencia y aún necesidad de permitir el pastoreo controlado en las superficies reforestadas como mejor alternativa que la de los gradeos sistemáticos, que generan erosión y daños al sistema radicular de las plantas, pues la eliminación de pastizal a diente disminuye el riesgo de incendios, al tiempo que las deyecciones del ganado mejoran la calidad del terreno, y defendemos que esto sea así sin merma de la prima compensatoria, pues su razón de ser se mantiene, a pesar del aprovechamiento ganadero. No hay que olvidar que si la consejería no ha tenido inconveniente en alterar las condiciones de los pactos firmados con los agricultores que reforestaron sus tierras, obligándoles a partir del 5.º año a mantener el arbolado a costa del único ingreso, compensatorio de los que ya no se tienen, con evidente e injusta merma de la rentabilidad, a través de una disposición que emana antijuricidad por cinco agujeros diferentes (competencia jurisdiccional, territorial, alteración de la propia normativa, contradicción con normas propias, y alteración de pactos), tampoco debe ser reacia a introducir las variaciones que el programa exige para el cumplimiento de sus fines aconsejado por la experiencia y por los técnicos.