El inicio del año va siempre acompañado de una larga lista de nuevos precios en los servicios básicos que sólo pueden variarse con la autorización del Gobierno. Se encarecen la mayoría de los transportes, de las energías, el agua y determinados servicios de telefonía. Como esas tarifas no van acompañadas de una mejora del servicio, estamos ante el primer incremento que afecta directamente al bolsillo del usuario y que siembra la primera semilla para explicar dentro de unas semanas por qué no baja la inflación. Hay dos matices que no deben obviarse. Uno, que se trata de servicios que debe garantizar el Estado, pero que los prestan compañías que fueron acabadas de privatizar con el Gobierno del PP y que no han aportado la libre competencia que se prometía. El ejemplo más claro es el aumento de las tarifas eléctricas con la difusa posibilidad de cambiar de compañía. El otro factor diferenciador es más reciente: este año ya no existe la incertidumbre del euro y su adaptación en los precios más frecuentes. Por eso es menos aceptable que en los transportes públicos se hayan aplicado los aumentos de billete sin tener en cuenta que el año pasado se toleró el redondeo al alza para agilizar los cobros.
