El Gobierno del Partido Popular concedió el pasado viernes un muy discutible indulto a Josep Maria Martinell, empresario gasolinero condenado a dos años de prisión por apropiarse de 24 de cada 500 litros del carburante que vendía. Encima, su empleado, Juan José González, que le ayudaba en el fraude, seguirá en prisión. El indulto se ha producido pese a que el tribunal que juzgó a Martinell se opuso a la medida de gracia que ha acabado otorgando el Gobierno, cuando su visto bueno suele ser norma habitual. Afloran algunas posibles claves. Ha trascendido que un diputado de CiU en el Congreso de los Diputados, Manuel Silva, abogado y militante de Unió Democrática, se interesó vivamente --él dice que sin presionar a nadie-- por la excarcelación.

Ante la falta de lógica y la anormalidad de este indulto, es lícito sospechar de la existencia de un posible mal uso de las influencias de un cargo público que, como diputado, goza de una generosa inmunidad. Otro argumento: si hubiese alguna razón de fondo para la medida de gracia concedida por el Gobierno, no tiene sentido que no se haya tenido en cuenta para beneficiar al empleado que obedecía a Martinell.