WDw esde las encuestas callejeras, que tienen un valor muy relativo, hasta las que elaboran los institutos de opinión públicos y privados de prestigio, cuando se pide la valoración sobre el funcionamiento de la justicia en España, hay un reflejo cada vez más extendido, aunque sea de contornos difusos: la desconfianza. Un aviso serio a uno de los poderes en que se asienta la democracia. En las razones de este distanciamiento ha reflexionado el Círculo de Economía, que ayer difundió un documento de opinión, ´Los retos de la seguridad y la justicia en España´, que no se anda con rodeos, incluso para advertir del daño que hace que se dude, por sistema, de las actuaciones policiales. La justicia, entendida como la aplicación rápida, eficaz y predictible de la ley por los jueces, ha de regenerarse de arriba abajo, porque hoy la opinión pública la percibe como ineficaz y politizada. Se lo ha ganado a pulso. Es oportuno porque proviene de una entidad que no es, como a veces se dice, un mero organismo empresarial: en la junta de la entidad están también profesionales, pensadores y funcionarios de élite.
Hay que ir a un pacto de Estado, es decir, de una mayoría amplia de las fuerzas políticas, para cambiar de raíz la manera de elegir al Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía del Estado, que hoy aparecen como terminales de la composición del Congreso y del Gobierno. Y afrontar el corporativismo endogámico de los jueces desde hace décadas: hay que buscar fórmulas para que el ejercicio de la profesión de juez ni esté constreñida a superar pruebas de capacidad de memorización ni a reglas estrictas de promoción por escalafón. Ojalá que haya debate.
