El mal dato de la inflación del 2002 enfrenta al Gobierno con la evidencia de que no ha puesto las bases para solucionar el principal problema de la economía española. E induce a pensar que si las cosas fueron mejor en su primera legislatura fue debido a la coyuntura, no a la acción del Ejecutivo. Desde el Ministerio de Economía se ha acusado primero a la industria turística, después a las autonomías, más tarde a los distribuidores comerciales, y finalmente, ayer, al petróleo. Sin olvidar que el último día del año el secretario de Estado de Economía hizo un tímido reconocimiento del efecto del euro.
Tras las explicaciones oficiales, da la impresión de que en el resto de Europa, a la que superamos en precios en 1,7 puntos, no existe turismo, ni euro, ni consumo de petróleo. Los argumentos son poco convincentes. En Extremadura, nos consolamos con ser la segunda comunidad menos inflacionista del país, con medio punto por debajo de la media nacional, sólo superada por la comunidad canaria. Ante este panorama, es imposible que se pueda alcanzar un acuerdo entre empresarios y sindicatos sobre negociación colectiva para el 2003 que no contemple la cláusula de revisión salarial, un mecanismo que garantiza el poder adquisitivo.
