WLw os ocho países mediterráneos miembros de la UE, reunidos en Madrid, han pedido al conjunto de la Unión Europea ayuda para hacer frente a la inmigración descontrolada que llega desde Africa: colaboración en el control de las fronteras marítimas, presión a los países de origen para que acepten a los repatriados y pago de los costes de la asistencia social y sanitaria a los sin papeles.

España está en primera línea y es, por tanto, la principal interesada en que el conjunto de la Unión Europea se implique en la tarea de poner freno a una oleada migratoria que amenaza con desbordar la capacidad de acogida y la posibilidad de atender a quienes, pese a los peligros y las barreras, han logrado llegar al Eldorado europeo.

El día después de que el Parlamento europeo rechazara una propuesta de la derecha que pretendía responsabilizar al Gobierno español de la llegada masiva de sin papeles, por la regularización de los inmigrantes que ya vivían y trabajaban en España, el ministro francés de Interior, Nicolas Sarkozy, viajó a Madrid para exigir el fin de las regularizaciones en todos los países de la Unión.

Visiblemente molesto por las palabras de dos días atrás del presidente Rodríguez Zapatero (quien le recordó que la política migratoria de su Gobierno estaba en el origen de los pasados conflictos en las barriadas de las ciudades francesas), el candidato a presidir la República de Francia abandonó la reunión antes de tiempo.

Y es que, pese a contradicciones y vacilaciones de las últimas semanas, el Gobierno español ni debe ni puede actuar con la mano dura que le exige el Partido Popular, en el interior, y los gobiernos conservadores, en el exterior, que ni oír quieren que la abismal diferencia de riqueza entre el Norte y el Sur, la violencia, las guerras y la corrupción en los países emisores son el verdadero efecto llamada.

Tiene razón la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa fernández de la Vega, cuando dice que no hay soluciones mágicas para fenómenos tan complejos como el de la inmigración. Lo peor de quienes claman contra la política de regularizar la situación legal de los inmigrantes que ya se han establecido en un país europeo y disponen de un puesto de trabajo es que no ofrecen otra alternativa que mantenerlos en la economía sumergida, en situación de semiesclavitud y marginalidad, sin asistencia médica, sin derechos sociales.

O eso o la expulsión masiva. Pero una cosa es frenar y otra expulsar, porque ¿puede España expulsar a un millón y medio de personas?