París, capital tradicional de asilo, ha sido uno de los escenarios de la inmolación espeluznante de miembros del principal movimiento de oposición al régimen teocrático iraní, en protesta contra la detención masiva de colegas suyos en una operación policial antiterrorista francesa. Este sacrificio a lo bonzo de los Muyahidines del Pueblo subraya hasta qué punto las democracias europeas se enfrentan a nuevas formas de agitación política alejadas de nuestras pautas culturales. Los fanáticos seguidores de este grupo son víctimas de una actitud que, si es personal y no obligada, no tiene por qué ser perseguible. Pero aunque no se deba condenar la opción del suicidio, hay que decir que son incongruentes estas decisiones extremas en un Estado de derecho como el francés, donde la vía judicial puede reparar las injusticias que se deriven de actuaciones indiscriminadas como, por ejemplo, unas detenciones injustificadas. De hecho, Francia rechaza las demandas de extradición contra los detenidos pedidas por Teherán, que les llevarían a una muerte segura. Pero esta misma Francia debe defender su Estado de derecho actuando legalmente contra el terrorismo sin dejarse coaccionar por las trágicas imágenes de los suicidas.