La última mala noticia del año, de momento, es la subida de la tarifa de la luz en un 9,8% para la mayor parte de los consumidores a partir del próximo sábado. Se trata de un alza que no viene sola, ya que el gas también se incrementará de media un 3,9% en el 2011 y el coste del billete de los trenes que circulan por la red nacional experimentarán un aumento de entre el 2,3 y el 3,1%. La elaboración del recibo de la energía eléctrica es muy compleja, pero se compone, a grandes rasgos, de dos conceptos básicos: los fijos, que en esta ocasión no se han tocado, y los variables, que sí suben y que con esta subida se pretende que reflejen la evolución del coste de la materia prima que se utiliza para fabricar electricidad. Los materiales que se emplean en ese proceso son básicamente el petróleo y el gas, cuyos precios evolucionan a un ritmo --da igual que sea de subida como de bajada-- que las tarifas, por su propia naturaleza, no reflejan fielmente de forma inmediata.

En España, donde el servicio eléctrico está muy intervenido, siempre ha habido reticencias a que la factura recogiera los costes reales de la producción. Hace 10 años, para compensar a las compañías del sector por ese desfase --el famoso déficit de tarifa, que este año llegará casi a 20.000 millones de euros-- el Gobierno del Partido Popular les autorizó a emitir deuda con cargo a ese concepto y aval gubernamental.

Ocurrió que mientras los mercados financieros funcionaron bien, aun sabiendo que habría que acabar con el déficit, tanto los gobiernos de José María Aznar como los de Rodríguez Zapatero mantuvieron la situación. Pero a las dificultades para colocar esas emisiones desde el año 2008 se han sumado nuevos problemas. Por ejemplo, la ley que obliga a las eléctricas a comprar carbón español del que viven unas 5.000 familias, más caro y contaminante, aunque luego el Estado les paga la diferencia. Así que el Gobierno ha acelerado la repercusión de los costes reales en la tarifa: el 7,5% en el 2010 y el 9,8% nada más comenzar el 2011; la subida más alta en 27 años y en plena crisis.

En paralelo, el Gobierno pone en marcha medidas para que las compañías asuman parte de esa aproximación entre coste y precio. Esa contribución podría lograr que la tarifa no se mueva más en el 2011, o incluso que si lo hace sea a la baja. Pero, en el mejor de los casos, tampoco se resolvería el problema, que en el fondo no es de tarifa; es de modelo. Las energías renovables son actualmente muy caras y la más barata es la que el Gobierno no quiere, la nuclear. Los usuarios protestan, con razón, por la subida. Se merecen que el Gobierno abra un debate profundo y didáctico sobre qué energía queremos, con sus ventajas y sus inconvenientes, entre ellos el precio. Un debate así ya se ha producido en otros países.