La expansión vivida en las ciudades en busca del espacio abierto de sus periferias, ha dejado una profunda brecha abierta en el corazón de la ciudadanía. La configuración de un paisaje de urbanizaciones y zonas residenciales, tratando de hacer compatibles las ventajas del medio rural sin renunciar a las del urbano, ha provocado una evolución urbanística, a la que los poderes públicos no se han sabido adaptar, sobre todo en temas concretos de equipamiento, infraestructuras y servicios básicos.
Lo que comenzó como un sueño hacia una realidad silenciosa, pudiera convertirse en un desgarro, si no se revisa el modelo tradicional de vigilancia. La oleada de atracos, asaltos y robos en domicilios, ha provocado que muchos ciudadanos sientan en sus carnes el filo hiriente de la navaja, una sensación de pánico provocada por una innecesaria violencia, contra la que reivindican una mayor protección por parte de las autoridades. Lo alarmante es la proliferación de estos hechos, ya que no se trata de actuaciones esporádicas llevadas a cabo por vulgares rateros, sino de miembros perfectamente organizados, pertenecientes a bandas profesionales, formadas por delincuentes preparados para burlar la acción policial y buscarle las vueltas al marco legal español; muchos de ellos son expolicías kosovares, exmilitares búlgaros o rumanos que tras la desaparición de las fronteras tienen un fácil acceso a nuestro país. Estos delincuentes presentan métodos de actuación importados, como los secuestros exprés, recientemente empleados en el barrio madrileño de Moratalaz. De lo anteriormente expuesto, no debe concluirse una relación causa efecto, de la que podría derivarse que la delincuencia es consecuencia inexcusable de la inmigración, no al menos de esa emigración que busca amparo huyendo de la miseria; pero tampoco hay que desdeñar el dato de que el treinta por ciento de la población reclusa sea extranjera, cuando comparativamente los inmigrantes, en nuestro país, constituyen porcentajes mucho menores respecto a la población real. Se ha extendido la idea entre las bandas internacionales, de que aquí la justicia es menos dura, que pueden actuar casi con total impunidad, corriendo menores riesgos que en otros lugares, esto ha provocado un efecto llamada que en lo sucesivo conviene erradicar, hasta que se den cuenta que las leyes se aplican con todo rigor y que las penas se cumplen íntegramente.
XINTENSIFICARx el control en aeropuertos y fronteras, promover la identificación de los delincuentes, facilitar su posible expulsión, endureciendo las leyes, elaborando si es preciso, un nuevo código, son parte de las medidas que deben empezar a tomarse; así como colaborar con el resto de los países de la Unión Europea en políticas comunes y acciones coordinadas, llevando a cabo medidas disuasorias y preventivas en las zonas de mayor virulencia, evitando el tránsito fácil de delincuentes, en definitiva aplicando medidas policiales y judiciales más contundentes que acaben con la idea de que España es un paraíso fácil para este tipo de bandas. Para poder llevar a efecto estas medidas, se hace preciso aumentar las plantillas de agentes policiales, establecer una mayor coordinación entre las mismas, dotarlas de medios adecuados y de una preparación suficiente para que sean capaces de dar respuesta a los nuevos retos.
La seguridad es una obligación que compete a los poderes públicos, no se puede hablar de democracia ni libertad sin previamente existir seguridad, contrariamente a las consideraciones de la consejera catalana de Interior Montserrat Tura , quien insinuó que la seguridad es responsabilidad de los propios ciudadanos, y que han de ser éstos quienes deban tomar las oportunas medidas protegiendo sus domicilios.
No conviene actuar desde la indiferencia, mirar para otro lado como si las raíces de este problema se sustentaran en un alarmismo injustificado, cuando se trata de personas que, para defenderse de quienes muestran poco respeto por la vida ajena, están construyendo habitaciones del pánico, auténticos bunker blindados o cámaras acorazadas; tampoco es serio pasarse la bola de unas administraciones a otras: estatales, autonómicas o locales, o escudarse en la falta de medios para no hacer nada. Actualmente se ha impuesto la modalidad del atraco a las viviendas o el secuestro exprés, cuando se cansen de estos métodos, intentarán quitarle las pensiones a los de la tercera edad o dar una paliza a todo aquel que huela a dinero.
El Gobierno, consciente de la gravedad del problema, ha propuesto la creación del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, sus medidas aún son inconcretas, pero en él se encierra ya una intención, un paso adelante; otro sería el que la sociedad empiece a plantearse que ante la inseguridad hay que dar respuestas conjuntas, creando más conciencia de colectividad frente a posturas individualistas.
*Profesor
