XExn un reciente curso de verano celebrado en El Escorial, tuve la oportunidad de presentar, a petición de sus autores, el Barómetro 2004 de Seguridad Vial, elaborado por la Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil (FITSA). Un barómetro cargado de información útil sobre los indicadores de la siniestralidad vial en el año 2003. Un servicio que debemos agradecer a FITSA, porque sólo el mejor conocimiento de los hechos permitirá concienciar a la sociedad y a las instituciones, y adoptar las medidas que sean necesarias para detener el ascenso de esta catástrofe a cámara lenta que castiga a todos y, en particular, con más crueldad a los más jóvenes. Entre los indicadores del barómetro de FITSA destaca especialmente el que se refiere a las tasas de fallecidos por millón de habitantes en las respectivas comunidades autónomas. Por lo que se refiere a Extremadura, debemos decir que los datos que se ofrecen son preocupantes. Durante los años 2001, 2002 y 2003 la tasa extremeña de fallecidos por millón de habitantes está próxima a las 150 víctimas mortales, con una tendencia al estancamiento, que esperemos no se vea desagradablemente alterada durante el año 2004. Sin embargo, pese a su mayor densidad de tráfico, entramado de vías y número de vehículos y conductores, la Comunidad Autónoma de Madrid, tiene una tasa muy inferior a la extremeña, de 63 fallecidos por millón de habitantes.
Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana apenas rozan los 120 fallecidos durante los tres años citados, con ligera tendencia a la baja. De las 19 comunidades y ciudades autónomas, 12 están mejor que nuestra comunidad y 6 ofrecen peores resultados, como son los casos de Castilla-León y Castilla-La Mancha.
¿Qué está pasando en nuestra región para que nos situemos en tasas de víctimas mortales superiores a la media nacional? ¿Demuestra algo la coincidencia de Extremadura con otras comunidades autónomas de extenso territorio y poca población como son las dos Castillas antes mencionadas? Son preguntas que debemos hacernos todos, pues todos también debemos contribuir a contestarlas e, indudablemente, a modificar algunos aspectos de nuestro comportamiento cívico en el espacio público vial. Mientras tanto, pensemos que ahora mismo estamos en los 2 meses --julio y agosto-- con mayor siniestralidad del año, con la particularidad que del 2002 al 2003 se produjo una evolución negativa del número de fallecidos a escala nacional, pasando de 818 a 821 víctimas mortales y que durante el mes de julio de este año se ha producido una media diaria de 10 víctimas mortales. Según los datos conocidos el mayor número de accidentes de tráfico se producen en fines de semana, festivos y vacaciones y tienen como una de sus causas más frecuentes la velocidad excesiva, asociada al consumo de alcohol y de drogas y a la fatiga. Habitualmente en un 50% aproximado de los casos las víctimas son jóvenes entre 18 y 34 años de edad. Sucesos dramáticos, como los ocurridos en el fin de semana del 10 al 11 de julio, en el que fallecieron 38 personas, de las cuales 21 eran menores de 30 años, y que afectaron señaladamente a nuestra región, están generando una alarma social e incentivando la idea de que para una conciencia social responsable no es aceptable el tributo de vidas en el tráfico, ni el que se ceba en los jóvenes, especialmente en momentos de vacaciones y esparcimiento y tiene un elevado coste humano, social y económico. Por ello, es inaceptable la ocultación que algunos practicaron en el pasado de la gravedad del problema y menos, la resignación social. En consecuencia, los ciudadanos, la sociedad en su conjunto, las instituciones políticas representativas, las administraciones públicas, tenemos el deber de realizar todos los esfuerzos posibles para frenar comportamientos irreflexivos o agresivos al volante poniendo fin a la "violencia vial".
Es preciso comenzar una nueva etapa de aplicación de una nueva política de seguridad vial capaz de conseguir la gradual reducción de víctimas, al menos en un 40% durante los próximos 4 años.
*Diputado en Cortes
