Después de permanecer durante 18 meses en un limbo legal, seis de los 680 prisioneros de la guerra de Afganistán que Estados Unidos retiene en la base de Guantánamo en total contravención de los compromisos de Ginebra sobre prisioneros de guerra van a ser juzgados por un tribunal militar. La decisión ha sido tomada por el presidente Bush, quien considera que existen razones para creer que los seis han sido miembros de Al Qaeda o han participado en actividades de terrorismo contra EEUU. Serán ahora las autoridades militares quienes decidan de qué se les acusa. En ningún Estado de derecho, ningún presidente puede enviar a juicio a ninguna persona en base a suposiciones como las mencionadas y montar a posteriori las acusaciones.
Desde Washington los defensores de un tribunal militar se escudan en que EEUU está en guerra contra el terrorismo, un concepto excesivamente amplio que desafía los principios del derecho internacional humanitario. El juicio que Bush desea carece de las garantías mínimas, y aún más si se considera la particular situación de la base de Guantánamo, fuera de la jurisdicción de Estados Unidos y sin el paraguas de la gran Constitución que se dio aquel país.
