En las paredes del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Badajoz ha estado colgado varios días un cartel en el que se insultaba al presidente del Gobierno por la reducción del sueldo de los funcionarios. Un letrado pidió a la secretaria del Juzgado, --los secretarios judiciales son los responsables de la oficina judicial y por tanto de lo que cuelguen en sus paredes--, que retirase el cartel. Pero se negó; se negó incluso a darse por enterada de la petición. Dijo que no lo retiraba mientras no se lo ordenara una autoridad. El letrado mandó una queja al Consejo General del Poder Judicial y, finalmente, el cartel ha sido retirado después de que el Consejo informara de la presentación de esa queja.
Este asunto no engrandecerá la causa de la justicia. Porque las paredes de un juzgado no son, en ningún caso, el mejor lugar para colgar un cartel insultante. Es un contrasentido que una oficina judicial, el ámbito donde se juzgan y condenan delitos, entre ellos los de injuria, pueda dar cobijo a un texto en el que se le llama a otra persona, en este caso al presidente del Gobierno, "hijo de la grandísima puta". En este sentido, el comportamiento de la secretaria judicial al negarse a retirar el cartel es de todo punto rechazable porque el menoscabo no es para el presidente del Gobierno sino para el propio juzgado, que se convierte así en acogedor de esa clase de textos que son más frecuentes en las puertas de los retretes.
