WEw l Gobierno ha concretado el marco jurídico para desarrollar al máximo el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación, y ha propuesto los límites que considera necesarios para garantizar que la llamada sociedad de la información mantenga el equilibrio necesario entre el derecho a la libre comunicación entre particulares y la protección de los derechos de esos mismos usuarios de la red. No será fácil poner puertas al campo de un fenómeno tan reciente como el ciberespacio, y menos con leyes nacionales. No obstante, el texto que se ha remitido a las Cortes tiene una orientación correcta, porque parte de la protección de los derechos individuales de los ciudadanos en lugar de caer en la atención complaciente de la presión de las corporaciones globales que dominan el sector. Gratuidad y universalidad de la red son un objetivo deseable, pero no puede ser que bajo esos principios se esconda el anonimato de quienes promueven actos delictivos --desde la pederastia hasta la evasión de capitales-- o se lesionen los legítimos derechos de los autores de obras artísticas. En este último aspecto, la decisión de remitir a una ley específica la regulación de los derechos de propiedad es atinada. Dos puntos más del proyecto de ley merecen simpatía. Uno, la exigencia a las grandes compañías de servicios --agua, gas, electricidad, telefonía-- de disponer de servicios de atención telemática a sus clientes. Con todo su potencial, deberían avergonzarse de que se les tenga que exigir por ley. El otro tiene que ver con la autoestima por nuestras lenguas: ya era hora de que se exigiera que la ñ y la ç no tengan que escribirse con subterfugios en el correo electrónico.