El acceso a internet es, en una sociedad que aspira a estar basada en el conocimiento, un derecho casi tan básico como hablar por teléfono. En España, hay casi 10 millones de líneas de banda ancha para satisfacer las nuevas comunicaciones entre hogares, centros de trabajo y otros servicios. Las tarifas que cobran las operadoras son las más altas de Europa, según la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, que mantiene una pugna constante para llegar a rebajar la factura para el consumidor.

Hoy la telefonía móvil facilita la posibilidad de poder acceder a internet desde cualquier lugar, con una velocidad semejante a la que se puede conseguir desde una línea ADSL doméstica. A fin de que fuera del todo posible, bastarían planes de precios más ajustados y flexibles que conviertan la opción en atractiva, para que los usuarios puedan considerar como adecuada la inversión para obtener este nuevo servicio.

Los accesos inalámbricos (wi-fi, en su denominación más popular) deberían ir en la misma línea. Sin abusos: no es admisible que una conexión desde un hotel por un día cueste más de la mitad que la doméstica de un mes. Tampoco es lógico tener que darse de alta en los registros de las distintas operadoras para poder conectar por unos minutos. Las operadoras de móviles han de acabar con estos impedimentos, pensados solo en función de su cuenta de resultados. Por lo demás, sigue existiendo una discriminación de acceso a la red por razón geográfica.