Una de las pocas certidumbres del panorama económico de nuestros días es el creciente papel de internet en todos los ámbitos de la actividad, especialmente en el sector servicios. La red lleva camino de convertirse en un elemento tan fundamental como la energía eléctrica, sin la que no sería posible vivir en el mundo del siglo XXI. Las antiguas compañías de telefonía, que en la mayor parte de los países europeos eran monopolio público, han sabido convertirse en hegemónicas en este nuevo negocio, abierto en teoría desde su nacimiento a la competencia. Sin embargo, no es así, como demuestra de forma palpable la situación española, que de persistir podría convertirse en un freno para el despegue de nuestra economía. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) informó el miércoles sobre el estado de la banda ancha de internet en el país, según los datos de junio pasado. El precio medio de las tarifas más comunes --60% de los usuarios--, las de velocidad entre dos y 10 megabits, es un 21,2% más caro que la media de la Unión Europea de 27 miembros. El dato es preocupante, pero es mucho más grave si tenemos en cuenta que en junio del 2009 la diferencia era del 6,3% y que, con datos de hace justo un año, era del 10,8%. El crecimiento del diferencial no responde a que en España hayan subido las tarifas, que se mantienen estables, sino a que en Europa continúan bajando.

Tenemos un problema. El hecho de que la operadora dominante tuviera el 72,7% del mercado español en el 2004 y que seis años después haya bajado al 53% indica que la competencia funciona, al menos en lo que se refiere al reparto de la clientela, pero no en lo que debería ser su consecuencia más directa e inmediata, las tarifas. Quizá haya que modificar la política de tarifas planas, como dijo el verano pasado Telefónica cuando se quejaba de que el 95% de los usuarios de internet móvil subvencionan al 5% restante, que genera el 75% del tráfico aunque pague lo mismo. Es posible. Pero, si entre las operadoras, la CMT y el propio Gobierno no toman medidas urgentes, corremos el riesgo de convertir lo que debe ser un instrumento competitivo de apoyo a la economía en un simple coste más, casi en un lastre.

En el caso de Extremadura, la Junta y la operadora Telecable han anunciado que las ciudades extremeñas comenzarán a disfrutar de internet de 100 megas y TV por cable a partir de octubre del año próximo. Aseguran que los precios serán "competitivos". Cabe esperar que, dada la participación pública en el proyecto de extensión de la fibra óptica, se tenga en cuenta la situación precia de los bolsillos de los extremeños y las empresas y los precios vayan más en consonancia con las tarifas europeas que con las españolas.