Fiscal general del Estado desde el 16 de mayo de 1997, Jesús Cardenal (Pesquera del Duero, 20-2-1930) logra, poco a poco y en medio de notables tensiones, que la unidad de acción establecida para la fiscalía se convierta en la práctica en la defensa a ultranza de las tesis más conservadoras y de los intereses políticos del Partido Popular.
El logro más reciente de Jesús Cardenal, aunque quizá no sea el último, es haber aceptado un nuevo estatuto fiscal por el que los fiscales jefe vean limitadas sus funciones a un máximo de cinco años. De este modo ha podido apartar legalmente a Carlos Jiménez Villarejo de la Fiscalía Anticorrupción y proponer, con el voto favorable del Consejo Fiscal, que el puesto sea cubierto por Antonio Salinas, al que considera más cercano a sus tesis. Y aún propició más cambios, de acuerdo con la voluntad del ministro de Justicia, José María Michavila, gran inspirador de la pérdida de la independencia con la que se expresaba el sector más progresista de la fiscalía.
Ya en 1998, Cardenal expresó su malestar a la Asociación de Fiscales y a la Unión Progresista de Fiscales por las críticas que aquéllas hacían respecto a varias acciones del Gobierno. Aseguró que en ningún caso les amenazaba con apertura de expedientes o diligencias. Y no lo hizo; le bastaba con buscar normas legales para ponerles en dique seco.
